La noticia tuvo escasa difusión en medios provinciales. Los trabajadores de las estaciones de servicio YPF de Gobernador Gregores y Puerto San Julián fueron notificados con un llamado “acuerdo laboral”, donde el empresario Leonardo Álvarez –actual Jefe de Gabinete del gobierno de Alicia Kirchner- los invitaba a firmar un recorte salarial del 25% en sus salarios, con el argumento de la caída de las ventas ocasionada por la pandemia del coronavirus.

Santa Cruz es modelo de ajuste hace varios años. El macrismo, durante su gestión, destacó y felicitó a la gobernadora Kirchner por “ajustar sus finanzas” en el gasto público: recortes en salud, educación y salarios principalmente. Ahora el presidente Fernández destaca también la “buena administración” de Santa Cruz y la importancia de tomarla como modelo de expansión de la industria minera contaminante.

¿Qué hicieron con las ganancias?

Las estaciones de YPF en Gregores y San Julián, abastecen el tránsito de la Ruta Nacional N° 40 y la N° 3, respectivamente. En temporada alta, que comienza en octubre, las estaciones de servicio despachan combustible a niveles extraordinarios, ya que el turismo extranjero visita a diario las mismas. Durante estos 6 meses de venta masiva, los trabajadores (playeros y de confiterías) trabajan incansablemente engordando los bolsillos de la empresa, cobrando salarios muy bajos, incomparables a los ingresos que obtienen el patrón y actual Jefe de Gabinete. Esos 6 meses de ganancias extraordinarias compensan largamente la temporada baja.

Los trabajadores se preguntan si en tan solo 30 días de cuarentena las finanzas de Alvarez entraron en estado crítico, o si es una suerte de ‘oportunismo de cuarentena’ para avanzar con semejante ajuste salarial.

¿Y el Gremio del Smata?

Los trabajadores debieron plantarse ante las autoridades de su gremio en la provincia, puesto que la burocracia del Smata –que nuclea a los trabajadores de estaciones de servicios de la provincia- buscaba convencerlos de que “había que cuidar las empresas de Álvarez por la “poca producción” y “que lo planteado era razonable”.

Decididamente los trabajadores rechazaron el “acuerdo”, entendiendo que una reducción del 25% implica el no pago sus tarjetas, cuotas de préstamos, alquileres y ajuste en su canasta básica. Sumado a que se encuentran garantizando un servicio esencial, poniendo en riesgo su salud y la de sus familias, sin ser compensados por ello.

Por el momento la patronal parece haber retrocedido. La expectativa está puesta en el cobro de los salarios de fin de mes, pero esta crisis recién comienza y la intentona de Álvarez debe ser un llamado de atención para los trabajadores de todas las estaciones de servicio de la provincia. El gobierno provincial que ha hundido en la miseria a los empleados públicos de Santa Cruz, sigue la misma orientación de su ministro que es descargar la crisis sobre los trabajadores.

Por ello estar organizados desde la base es la premisa en momentos como estos para frenar la ofensiva patronal, como lo hacen los playeros de Gregores y San Julián, independientemente de la entregada del SMATA.