Aproximándose el último ajuste que corresponde a diciembre se anuncia en los medios que, acorde a la fórmula (50% Ripte; o sea promedio aumento salarial y 50% recaudación), correspondería entre 11 y 12 % de aumento.

Sin embargo las cosas no son tan así como varios diarios informan.

En realidad ese porcentaje está en duda debido a que la nefasta nueva ley de movilidad impuesta a fines del 2020 impuesta por el Frente de Todos establece que, en el último trimestre, se otorgará aumento si el promedio de los aumentos anteriores no supera lo recaudado por la Anses.

Se viene perdiendo, en lo que va del 2021 respecto a la inflación acumulada de 37% dado que en marzo se recibió en 8,07%, en junio el 12,12%, en septiembre el 12,39% lo que da un acumulado de 36,2% (Ámbito, 08/11).

En diciembre, recibir entre el 11 y 12% va a estar supeditado al promedio de recaudación anual. Si esta fuera menor, el porcentaje a recibir no sería el que surge de la fórmula y tampoco queda claro cuánto sería finalmente. Este año, la recaudación ha tenido un repunte no habitual debido a la brutal caída en la cuarentena de pandemia, pero esta disposición es una espada de Damocles sobre los jubilados, o para ser más exactos una espada ajustadora a la baja: recaudamos menos, te pagamos menos. Y ese ajuste es solo a la baja, no al alza, o sea se toma el índice menor, por lo tanto habrá rebaja histórica los años de baja recaudación y no se recuperará en los años de alta recaudación. El 2021 podría ser uno de ellos en la comparación con 2020.

Lo cierto es que si se aplicara el índice como en los anteriores trimestres, la mínima sería de $28.000, la Puam de $23.020 y las pensiones no contributivas de $20.150. Se trata de la consolidación del saqueo a los jubilados que están negociando sistemáticamente Guzmán, Fernández y el FMI con el apoyo explícito de Cambiemos, Randazzo, Milei y Espert.

A su vez, el tope de la jubilación máxima sería de $194.000 mientras persisten las jubilaciones y pensiones de privilegio que han permitido entre otros que Cristina Fernández de Kirchner sea premiada con sus 2 millones quinientos mil por mes, más los retroactivos. El resto de los jubilados recibe miseria en sus haberes y los juicios están demorados y sin certidumbre de poderse cobrar.

Vale aclarar también que quedan fuera del ajuste de diciembre las jubilaciones especiales de la Anses: docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza y otros a quienes se les aplica la movilidad en forma semestral. Hubo solo un adelanto electoral del aumento de marzo a diciembre para la docencia, pero solo un adelanto.

La cuestión jubilatoria está colocada en la agenda electoral. Oficialismo y oposición acuerdan en las medidas de ajuste y en continuar con fórmulas que se van modificando a la medida de imponer un mayor retroceso en el poder adquisitivo los jubilados y pensionados. Los une el planteo de que los jubilados son un gasto. La burocracia sindical tanto sea de la CGT o de la CTA avalan esta política antijubilatoria. Incluso todos dejaron pasar que no se pagara un nuevo bono anunciado luego de la derrota electoral del oficialismo y del reconocimiento de que la nueva movilidad está por debajo de la inflación. No les da vergüenza que el aumento sea un bonito de 318 pesos para la mínima en “cumplimiento” del 82% respecto al Sueldo Mínimo Vital y Móvil recientemente modificado.

Este bloque es el que sin grieta acaba de operar para conseguir la condena contra César Arakaki y Daniel Ruiz, en un juicio armado para absolverse ellos (los de Cambiemos y los peronistas) de la represión ejercida en las movilizaciones de diciembre del 2017 en defensa de las jubilaciones y tener las manos libres para tratar de votar luego de las elecciones del 14 de noviembre la reforma laboral que no pudieron imponer en esas jornadas por la enorme reacción de la clase obrera.

El Partido Obrero sostiene y organiza la lucha por el 82%, por la movilidad automática acorde a la inflación y a los aumentos de sueldo, por una moratoria general, sin restricciones para los miles y miles de adultos mayores que por el imperio del trabajo en negro y precario no llegan a 30 años de aportes. Esto se garantiza sobre la base del no pago de la deuda al FMI, la restitución de los aportes patronales, el trabajo en blanco, el impuesto a las grandes fortunas que se han beneficiado con el trabajo en negro, la fuga de capitales, los negociados con las Leliqs y con la evasión patronal de los aportes y contribuciones. El programa que levanta el FIT Unidad.