Los trabajadores judiciales bonaerenses venimos sufriendo desde hace tiempo ataques al salario y a las condiciones laborales como consecuencia del plan de guerra del gobierno de Macri y Vidal que requiere el pacto con el FMI.

Nuevamente nos han impuesto un decretazo salarial del 15% en cuotas en un contexto de una inflación anual proyectada del 28% y calculado sobre el básico de diciembre 2017 lo que hace aún más miserable el aumento. 

La orientación de la conducción provincial de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de administrar el conflicto y convocar paros aislados cada 15 o 20 días sólo ha logrado vaciar las asambleas y disipar la fuerza del conjunto.  Orientación que se viene profundizado año a año, llegando incluso a intimidar a las departamentales que se ponen en pie de lucha. 

El camino a seguir es el de los docentes de Neuquén, donde la huelga general arrancó la actualización por inflación. Así el método de la huelga general, las asambleas, la ocupación de edificios públicos y la fuerza de la movilización popular, hicieron recular al gobierno y le otorgaron la victoria a los trabajadores. 

La burocracia Verde-Celeste intenta “planchar” la lucha y judicializar el reclamo de apertura de paritarias. 

Como así también, con el argumento de no exponer a los compañeros a las presiones de los jueces, impide la formación de cuerpos de delegados en aquellas departamentales donde no existen. La democracia sindical que pregonan está floja de papeles.  

Por otra parte, quienes se presentaron como alternativa a la conducción han sido coartífices, acompañando esta orientación que lleva al desgaste y reproduciendo los métodos de la burocracia sindical. En 2017 los congresales del “Encuentro” se abstuvieron  de votar la expulsión del gremio del abusador Omar Rojas, en ese momento secretario general de la departamental de Azul. 

El Encuentro de la Militancia Judicial –devenido en Judiciales Unidos Bonaerenses– de Daniel Pérez Guillen está alineado a la CTA de Yasky – Baradel, sector que está hasta los tuétanos en la unificación pejotista. Incluso Yasky  anunció que tiene intenciones de disolver su CTA en una CGT dirigida por el moyanismo y la Corriente Federal. Las expectativas de este bloque sindical están puestas en el 2019. 

La necesidad de poner en pie una lista anti-burocrática 

A la cuestión salarial se suman el problema del vaciamiento de Ioma y del IPS, la tendencia a la tercerización laboral en el Poder Judicial, las pasantías truchas, las condiciones de hacinamiento en las dependencias, el respeto a la carrera judicial y por supuesto la necesidad de organizar a todos los judiciales en torno a la recuperación de una conquista histórica como es la porcentualidad. 

Es necesario un congreso de bases de todos los sectores estatales provinciales (judiciales, estatales, médicos,  docentes) que discutan un programa y un plan de acción contra el ajuste. 

De cara a las elecciones del 22 de agosto, llamamos al activismo clasista, a los sectores y las agrupaciones combativas y anti-burocráticas a levantar una verdadera lista MULTICOLOR de oposición para recuperar el gremio y conquistar una nueva conducción para lxs judiciales.

-No al pacto con el FMI.

-Reapertura inmediata de las paritarias.

-Devolución de los descuentos por paro.

-No al vaciamiento de IOMA e IPS.

-Basta de tercerización laboral y pasantías truchas. Pase a planta permanente.

-Elección de delegados en todas las dependencias. 

-Restablecimiento de la Ley de Porcentualidad.