Sindicales

3/11/2011|1201

Kraft: un proceso antiobrero

En forma selecta han sido procesados los principales dirigentes de la actual interna de Kraft que encabeza Javier Hermosilla, de la que dirigió el conflicto, encabezaba Ramón Bogado, y junto a ellos Néstor Pitrola y Vilma Ripoll. Es un proceso a una huelga que marcó una etapa en el movimiento obrero, un juicio a sus organizadores, a quienes fueron solidarios activamente con la huelga y a quienes, a partir de la intervención, nos transformamos en voceros políticos de la lucha.

La causa estaba a punto de prescribir cuando se dispusieron las indagatorias y luego cayeron los procesamientos en cadena, acompañados de embargos. Todo lo cual ocurrió casi simultáneamente con la causa de Sobrero y a los ferroviarios del Sarmiento, ambas por parte de jueces federales de reciente designación.

La decisión política es inocultable. No obstante, en tiempo real de la huelga, mientras intervenía en el conflicto la embajada norteamericana reclamando “seguridad jurídica”, mientras Tomada conciliaba con los despedidos afuera y mientras Scioli ingresaba la infantería dentro de la planta, el entonces flamante juez federal Mariano Larrea disponía el espionaje mediante servicios de inteligencia, que son los que aportaron las “pruebas” del delito de Pitrola y de los demás compañeros. Es decir que se trata de una penalización largamente preparada con la colaboración de organismos de inteligencia del Estado.

Obreros que tuvieron que luchar contra un despido injusto son procesados y, encima, embargados. Al igual que Pitrola y Ripoll, a razón de 30 mil pesos por corte -algunos acumulan seis-, con lo que el proceso se transforma en una condena para conseguir trabajo y para disponer de los bienes que puede poseer una familia obrera. Es un ataque ejemplificador, como la cárcel a “Picante” Oñate, el delegado petrolero santacruceño, lo cual marca una orientación política de conjunto del kirchnerismo frente a los grandes movimientos de la clase obrera.

Luego de dos años, la naturaleza del ataque patronal con los 156 despidos que desataron la huelga ha quedado probada. Ni antes ni después, la multinacional dejó de facturar cuantiosas ganancias. Ni antes ni después la patronal dejó de presionar por mayores ritmos de explotación para mejorar sus “costos” a expensas de los trabajadores. Estaba -y está- en disputa el control del lugar de trabajo, el papel que puede jugar la organización obrera si la patronal puede dominar la situación con la colaboración de un aparato sindical cooptado. El despido fue arreglado y tal vez nominado, despedido por despedido, por la burocracia de Rodolfo Daer, la que pretendía retomar el control de la principal industria del gremio.

El día que indagan a Pitrola, el 12 de octubre pasado, los obreros de Kraft respondieron ellos mismos con un soberbio pronunciamiento a todo el proceso contra los compañeros. La actual interna (Lista 2) ganó la elección de delegados por un amplio margen, contra otra lista de izquierda de la anterior interna que había firmado la paz social con parte de los despedidos afuera; y ante una burocracia que no pudo armar lista propia y se tuvo que resignar a apoyar “por abajo” a la Lista 1, cuyos líderes están ahora también procesados.

Jorge Altamira, en la conferencia de prensa por el desprocesamiento de Pitrola, marcó un concepto: la tercerización de la persecución por medio de la Justicia, así como tenemos la tercerización de la represión por medio de patotas. Mediante la persecución por la justicia posan de “dejar actuar a las instituciones”, para delicias de una oposición que reclama lo mismo. Todo, de parte de un gobierno “nacional y popular” que muestra en este flanco crucial de la lucha de clases, sus límites, su naturaleza de clase y su alcance como experiencia política popular.

Kraft -contemporánea de los paros generales del subte por su reconocimiento, de una ocupación obrera en Emfer y otras luchas- es parte de un proceso político en pleno desarrollo en el movimiento obrero: la tendencia a la lucha por una nueva dirección en el mismo.

Este proceso judicial apunta ahí. Por eso incluyen a los militantes políticos de la izquierda que se involucraron en la lucha. El Partido Obrero motorizó, en las postrimerías de la huelga, en oposición a la política de cooptación y de actas de paz social con las izquierdas del subte y de Kraft, una Conferencia Obrera que nucleó a mil delegados de todo el país y potenció el desarrollo clasista en más de cien gremios.

El proceso judicial de Kraft opera cuando Cristina Kirchner empieza a prefigurar su segundo mandato. Es por eso un tiro por elevación para disciplinar al movimiento obrero en su conjunto, de cara al Consejo Económico y Social que se esboza en los cenáculos empresarios, destinado a digitar salarios a la baja de la inflación, a imponer un ajuste en el gasto público, a los tarifazos, a viabilizar las suspensiones y despidos que hoy mismo empiezan en Renault, a reorganizar la CGT por derecha.

La defensa de los compañeros, el desprocesamiento de los miles de luchadores (Memoria, Verdad y Justicia ya registró 2.400), la libertad a Olivera y Oñate, el plan de lucha que se informa en estas páginas, con eje en la marcha del 23 de noviembre, no constituyen una mera reacción defensiva -plenamente justificada-, sino tomar la iniciativa frente al poder político que asumirá el 10 de diciembre, por parte de un gran frente único de todas las expresiones de lucha por esa nueva dirección en el movimiento obrero.