Sindicales

1/8/2002|765

La administración judicial de Zanón

Zanón se encuentra en concurso preventivo, una instancia de compromiso judicial con los acreedores previa a la declaración de quiebra. En función del concurso, el juez a cargo ordenó en la última semana de julio la toma de posesión de los activos de la fábrica y la revisión del inventario. La planta fue rodeada por fuerzas de seguridad pero los trabajadores rechazaron entregarla y ofrecieron hacerse cargo ellos mismos del inventario. En los dias siguientes un juez federal que también actúa en la causa ha ordenado a su par de Neuquén recurrira la fuerza pública para “normalizar” la situación de la fábrica. La lucha contra el desalojo de Zanon ha pasado a estar al tope de la agenda de toda la clase obrera.


Qué política


La estrategia de la dirección del Sindicato Ceramista de Neuquén (SOECN) y de la Comisión Interna de Zanón está centrada en obtener una decisión judicial que convierta a los trabajadores en administradores de la empresa durante el período de concurso preventivo. El SOECN ha presentado una propuesta de administración obrera transitoria ante el juez que entiende en la causa proponiendo “la consolidación de una Comisión de Administración Obrera Transitoria de la planta fabril Cerámica Zanón”, para “administrar la planta, el proceso productivo y la actividad comercial de la misma (facultades de administración otorgadas por la ley 24.552)” (Ley de Concursos y Quiebras).


Según el mismo planteo: “los trabajadores tendrán la obligación de conservación de la unidad productiva, pago de sueldos, impuestos y cargas y gastos por los insumos necesarios para el proceso productivo, quedando el remanente a disposición del juez del concurso”.


¿Que se hace con la deuda?


Uno de los primeros pasos del concurso es la verificación de las deudas de los acreedores, luego de lo cual todo el destino de la empresa gira en torno al pago de estas deudas (“el pedido de verificación produce los efectos de la demanda judicial, interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho”). La presentación del SOECN tiene en este punto una contradicción. Denuncia que al momento del lock out patronal (diciembre 2001) la empresa tenía aproximadamente una deuda de 75 millones de dólares con un club de bancos (19,8 millones), con la Corporación Financiera Internacional (17,6 millones), con proveedores (12,3) y por intereses globales (9,8 millones). Pero nada dice sobre qué propone hacer con esta deuda, si debe ser reconocida o sometida a investigación, si debe ser asumida por los que la contrajeron, es decir, la vieja patronal, o por la administración obrera.


El “proyecto de gestión obrera” plantea un conjunto de supuestos (tipo de cambio 3.5 $ por dólar, exportación de un 25 % de la producción, aumento de ésta a una tasa del % anual, “nivel de precios estable tanto para los ingresos como para los gastos”), pero en esa proyección nada se dice de la deuda.


¿Quién es el dueño de los bienes?


La presentación del SOECN pide que los trabajadores sean nombrados administradores plenos de la empresa en el próximo período. Pero el concurso supone la virtual inmovilidad de los activos de la empresa en función de los avatares de la convocatoria y de las demandas de los acreedores. La ley asigna al juez como tarea primera dictar “la inhibición general para disponer y gravar bienes registrables del deudor” y prohibe, al mismo tiempo, “actos a título gratuito que importen alterar la situación de los acreedores”. La propia utilización de la marca comercial está sujeta a esta “dictadura” del comité de acreedores en acuerdo con la justicia y la vieja patronal.


Por todas estas razones, pedir la administración obrera judicial tiene todos los defectos y ninguna virtud. Si la “justicia” le diera la administración judicial de una empresa a una organización obrera, ésta funcionaría como un rehén del juez y de los acreedores. Hoy los trabajadores de Zanón ejercen la administración de la planta en forma independiente.


Zanón para los trabajadores


Aunque la presentación del SOECN recuerda “la postura de los obreros de Zanón y el Sindicato ceramista que reclaman la estatización de la fábrica bajo un régimen de administración obrera”, es un hecho que la campaña por la expropiación de la fábrica está paralizada. Los trabajadores han sacado con no table esfuerzo dos líneas de cerámicos (“obrero” y “mapuche”) con cuya venta están sosteniendo precariamente un fondo de asistencia común. Pero es necesario un planteo de conjunto, que demande la expropiación inmediata y sin resarcimiento de los activos y su entrega a los trabajadores, el traslado de la deuda a los que la concretaron, convertir a las plantas en proveedores privilegiados del estado y subsidios no reintegrables que aseguren el funcionamiento.


El encuentro de fábricas ocupadas y en lucha convocado por el Bloque Piquetero Nacional y el MIJD cobra cada día mayor importancia.