Sindicales

1/8/1995|458

La burocracia aplica la ley de emergencia

“La Ley de Emergencia se ha aplicado en Dipas con la mayor celeridad y crudeza. La reducción horaria se aplicó directamente, quitando las tarjetas para imponer el trabajo tal como lo fija la ley, de lunes a miércoles un grupo y de jueves a sábado otro. Tuvimos que actuar de apuro, se hizo una asamblea de sector, en Administración Central, donde participaron alrededor de 350 compañeros; histórica porque hace mucho tiempo que no se convocaba a tanta gente y por el contenido de la asamblea. Allí se resolvió no acatar la decisión de la reducción horaria y de la reducción salarial y enfrentar el despido de 18 contratados. Esta cuestión se llevó a la asamblea general el mismo día y allí se resolvió lo mismo (pero la burocracia neutralizó los intentos de resolver el paro y la movilización, acompañando a Luz y Fuerza y Vialidad)”.


P: ¿Cuál fue la conducta de la directiva?


Ana: “Primero, ellos no plantean la derogación de la Ley de Emergencia, dicen que quieren discutir “puntos de la Ley”, siendo que todos sus puntos nos perjudican. La directiva se dedicó en la asamblea a dar una serie de razones técnicas y científicas en favor de una propuesta del sindicato para lograr ahorros en la empresa en lugar de la reducción salarial y que se le hizo llegar al gobernador sin que éste haya querido recibirlos. Proponen una “salida” sólo para Dipas —no para el resto que sufre el mismo ataque— pero lo que importa es que se trata de una distracción para los trabajadores, para dilatar toda resistencia a la ley y dejar correr el despido de los contratados. Días antes, la directiva había planteado que a nosotros, por ser un ente autárquico, no nos iban a aplicar la Ley y hoy resulta que entramos como cualquier otro gremio. El desencanto, la desilusión de los compañeros fue muy grande y, en el caso de la Lista Verde, planteamos el error político que había significado la conducta de la directiva desde que creyó que los legisladores iban a dar un plazo de 72 horas para negociar la Ley y a las cinco horas estaban sancionándola y reprimiendo al pueblo. Denunciamos el negociado con Primatesta, tras lo cual vino Mestre, como mejor discípulo de Menem-Cavallo y sobre la base de la atomización del movimiento sindical y la tregua pactada a espaldas de la gente. Llamamos al paro y la movilización —se repartió un volante que tuvo una excelente acogida, pero esto no fue resuelto. Las asambleas fueron masivas, hubo un cuestionamiento importante al sindicato, que expresa una desconfianza que, hasta el momento, parecía no existir. Este es el proceso que veremos cómo sigue…”


P: ¿Cómo interviene en todo esto el tema de la privatización de la Dipas?


Ana: “El Sipos, Bazán, se han pronunciado contra “este” proceso corrupto de privatización; entiéndase que si hubiera “otro” proceso que no fuera “corrupto” o que fuera con el sindicato, no habría desacuerdo. El gremio estaba totalmente de acuerdo con el tipo de privatización que planteaban Martí (actual intendente de la capital) y también Mestre, que era favorecer la entrega a Benito Roggio a través del plan de “empresa mixta” y “municipalización”, ya sancionada en el Concejo Deliberante, con un 51% en manos del Estado, gerenciamiento privado desde ahora y entrega de la mayoría accionaria en cuatro años. Toda esta debacle lanzada estos días tiene que ver con la “privatización” del agua, y el gremio tiene la expectativa de que ésta se operará bajo la forma de la “municipalización”, que de hecho es la entrega a Roggio, el grupo con el que el gremio tiene los negociados”.