No nos equivocamos la semana anterior cuando denunciamos que el anunciado ‘paro’ cegetista era una “cortina de humo”. La burocracia ‘parió’ un pacto de ‘reforma laboral’ con el gobierno, cuyas “coincidencias” serán ahora “compatibilizadas con el sector patronal” (Clarín, 10/5).

Aunque el ‘grupo de los 8’, es decir, las grandes cámaras patronales, dicen lo contrario, La Nación, en “el análisis de la noticia” (10/5), destaca que el acuerdo fue firmado “con el guiño” de ese agrupamiento.

Las patronales y el gobierno han arrancado a la burocracia la destrucción del principio de ‘ultraactividad’ (prórroga de los convenios colectivos, en tanto no existe acuerdo para su modificación) y del régimen indemnizatorio y de preaviso. Estos se ‘abaratan’; el preaviso se reduce a un mes en cualquier circunstancia –no importa la antigüedad– y, según algunas versiones, habría un acuerdo no escrito para que el período ‘sin preaviso’, que actualmente rige durante los primeros tres meses de la relación laboral, se extienda a un año (Ambito, 7/5). Las indemnizaciones se reducirán a un 70% de los montos actuales, y para los trabajadores ‘nuevos’ regiría optativamente un régimen de cuentas individuales de ‘capitalización’, para que los trabajadores puedan ser ‘descartados’ en cualquier momento (como sucede en la construcción con el ‘fondo de desempleo’). Es absolutamente falso, entonces, que se derogan los contratos ‘precarios’. En realidad, se pretende llevar la‘precarización’ laboral a toda la fuerza laboral del país.

La burocracia preserva su plena ‘soberanía’ sobre las ‘representaciones laborales’ en las negociaciones con la patronal, pero da piedra libre a la ‘negociación por empresa’ por su intermedio o de las Comisiones Internas que ‘autorice’. En consecuencia, a la inversa de la normativa hasta el presente, “si un gremio consigue una mejora salarial … ese incremento no podrá afectar un contrato de empresa vigente” (Clarín, 10/5).

La burocracia ‘arrancó’ una supuesta ampliación de recursos para el ‘Programa Trabajar’, mediante el cual se explota, por 200 pesos mensuales, a una masa de desempleados, y el compromiso gubernamental de que el 50 por ciento de los contratados por este régimen se hará mediante Bolsas de Trabajo que se abrirán en los sindicatos (El Cronista, 9/5). Es decir, se apunta a controlar los movimientos de desocupados y a ‘meter la mano’ en esos fondos. El gobierno ha aceptado por ahora el monopolio de la burocracia para regentear el sistema de las Obras Sociales.

Los reparos patronales a este acuerdo no hacen a la sustancia, sino a los plazos. El régimen de ‘ultraactividad’ sería eliminado en un plazo máximo de tres años; después regirá un régimen de arbitraje sumario a cargo de un organismo estatal, para tratar los ‘desacuerdos’. Las patronales pretenden reducir el plazo a 20 meses, mantener el derecho a ciertas modalidades de contratos sin aportes previsionales y otras ‘cargas’, y “tampoco había acuerdo sobre el porcentaje que deberá ser destinado para crear el fondo de indemnizaciones” (La Nación, 8/5). El poderoso ‘lobby’ de las prepagas manifestó su ‘desencanto’ por el acuerdo —pero el Banco Mundial desmintió que hubiera parado el desembolso de los préstamos previstos para la reconversión de las Obras Sociales (Crónica, 13/5).

“Al ritmo del año electoral”, informa Página 12, para el acuerdo fue fundamental “el guiño del FMI”, que en las presentes circunstancias, habría sugerido al gobierno que “no se comprometa a una desregulación total” (8/5).