La conducción del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba levantó el quite de colaboración y trabajo a reglamento, luego de alcanzar un acuerdo con los senadores de la UCR sobre el futuro de la empresa provincial de energía eléctrica (Epec).

El acuerdo se basó en “eliminar o modificar” los artículos del proyecto de ley que dejaban abierta, a juicio de los firmantes, una ventana legal para una futura división o privatización de Epec.

Siguiendo una instrucción del Banco Mundial, el proyecto original del gobierno proponía partir en dos a la empresa provincial: una dedicada a la generación, y otra a la distribución de energía, y proceder a la concesión de las centrales térmicas que aún están en manos de Epec y a la privatización del servicio al consumidor.

Concesionar y privatizar

El acuerdo, sin embargo, no cambia gran cosa, pues como dice La Voz del Interior (27/12), establece “puntualmente que deberá ser concesionada a Epec la prestación general del servicio y a las cooperativas las actividades de distribución”, y que incluso “se podrá autorizar la instalación y operación de nuevas usinas privadas”. El proyecto permite la concesión del servicio como un paquete único, sin dividir las funciones de generación y distribución. El propio Racero, secretario general de Luz y Fuerza, explicitó que “el nuevo marco regulatorio dejará en claro que Epec debe quedar en manos de la provincia y sin posibilidades de ser dividida o concesionada parcialmente” (La Voz, 21/12).

Epec ya se encuentra parcialmente privatizada, vía concesión, desde que Angeloz entregó centrales eléctricas que reúnen un tercio de la capacidad de generación provincial a un mega-consorcio integrado, entre otros, por el sindicato de Villa María. Esta concesión comprometió a Epec a pagar por el fluido un 30% por encima del vigente en ese momento. La burocracia y la comisión de apoyo (Frepaso, 10 de Mayo) nombrada en una asamblea de Luz y Fuerza, a principios de diciembre, encubrieron su política favorable a la concesión privada, con la consigna de “empresa estatal e integrada”, la cual, precisamente, no alude a las concesiones del patrimonio estatal. Por eso, pudieron plantear la entrega de la comercialización minorista a “las cooperativas de electricidad existentes a la fecha de publicación de la ley” (proyecto de Luz y Fuerza de Córdoba, presentado por el Frepaso, La Voz, 21/10). Pero las cooperativas eléctricas son empresas capitalistas de cuerpo entero y particularmente antiobreras. En los mismos días en que se discutía el proyecto de ley, el sindicato de Luz y Fuerza de Villa María se vio obligado a sacar una solicitada denunciando a la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios de la Provincia de Córdoba, por “desconocer la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo Nº 36/75” (La Voz, 28/11).

El proyecto acordado plantea que los contratos de concesión deberán incluir el compromiso de mantener la planta de personal y la vigencia del actual convenio colectivo, un punto que no figuraba en el texto anterior. Pero este importante punto podría ser esquivado por las concesionarias, por la vía de las ‘tercerizaciones’. El proyecto de ‘reforma laboral’ de Menem, por otra parte, permite desconocer estos convenios entre partes.

The Exxel Group

La Unión Industrial (UIC) se pronunció, sin embargo, contra este acuerdo y en favor de la privatización lisa y llana. Lo mismo defiende el duhaldista De la Sota (PJ). The Exxel Group, el holding financiero que acaba de comprar supermercados Norte, acaba de declarar su interés “en la distribución y venta de la energía en el mercado cordobés, cuyos volúmenes lo hacen muy apetecible”. Propone, por lo tanto, la división de la empresa, debido a que “no se sienten atraídos por la generación (porque) la infraestructura en esta materia está totalmente obsoleta”, y advirtió que toda decisión de invertir está condicionada a cómo salga la ley, “cuyas condiciones actuales no son propicias” (La Voz, 15/12). El nudo del negocio capitalista es la distribución de energía, porque el precio mayorista del megavatio está en los 37 y 40 pesos, y el minorista (al consumidor) en 107.

El proyecto de ley acordado entre la burocracia y los senadores debe aún volver a diputados, y puede incluso quedar sometido al veto de Mestre, por lo que el conflicto está muy lejos de haberse cerrado.

Que se conozca el acuerdo

La burocracia ha logrado ‘encauzar’ la vigorosa movilización de los trabajadores de Luz y Fuerza a este callejón de las concesiones. Para eso apeló a movilizaciones aisladas, que excluían la huelga y el ‘apagón’, la ‘bajada de palanca’ que se reclamó en las asambleas y que la burocracia desechó “por principio”.

Programa

Es necesario que la burocracia haga conocer el proyecto que acaba de firmar y que lo someta a la opinión y al voto de todos los trabajadores. El PO plantea:

a) El retiro de todos los proyectos que están en la Legislatura, la anulación de todas las concesiones existentes y el rechazo a todo tipo de concesión. Sólo esto significa mantener la estatización de la energía.

b) La apertura de un tribunal obrero para investigar los chanchullos que involucran al gobierno, los privatizadores y la burocracia (y que involucran el asesinato no esclarecido de Regino Maders, denunciante de los negociados oficiales en Epec).

c) Paritarias libres, con delegados electos en asamblea, por un salario básico que cubra las necesidades de la canasta familiar (1.100 pesos).