La resolución de la burocracia del Sitrajur (judiciales) de levantar todas las medidas de lucha, con el ‘argumento’ de que había llegado a un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia provincial, ha detonado la crisis en el Frente de Estatales de Río Negro (FER).

UPCN, por su parte, convocó a un plenario de delegados generales también para romper con el FER, con el ‘argumento’ de que éste habría ‘cumplido su misión’ que era, tan sólo, obtener el cobro de los salarios atrasados. La razón de fondo es otra: el apoyo de la burocracia encabezada por Scalesi a la ‘emergencia’ dictada por Verani, con la excusa de que ‘no nos afecta’.  Según prolijos cálculos —que la burocracia de UPCN ha hecho circular a la prensa—, el pago con bonos (que va del 6% en los salarios de 500 pesos hasta el 23% en los sueldos más altos) no afectaría a 13 de las 16 categorías en que se encuentran escalafonados los afiliados a UPCN… ya que cobran menos de 500 pesos.

Aunque la burocracia tuvo que recular de sus intervenciones en el plenario de delegados, el cronista del Río Negro (27/10), encargado de la cobertura del plenario de UPCN, definía en estos términos la posición de la burocracia de Scalesi: “La gran masa de afiliados de UPCN no será alcanzada por el ajuste. El sindicato piensa que ya fueron ajustados y no ve mal que otros gremios traguen la cucharada que les toca. (Por lo tanto) no habría un ‘no’ frontal (a los anuncios de Verani)”. El carnereaje de la dirección de UPCN —que deja en banda a la masa de médicos de los hospitales públicos, que se concentran en los escalones más altos del escalafón— explica las pintadas que aparecieron en Roca (“Verani y Scalesi hacen el ajuste”) y la numerosa ‘fuga’ de afiliados de UPCN —en particular médicos— hacia ATE.

En lo que se refiere al CTA, la conclusión del Congreso del CTA de Río Negro y Neuquén, que se celebró en los mismos días en que Verani oficializaba su ‘paquetazo de emergencia’ y que estallaba la crisis del FER, fue llamar a la formación de una “liga de gobernadores patagónicos que rediscutan la relación entre las provincias y la nación en lugar de pelearse con sus trabajadores” (Río Negro, 22/10). Al CTA se le escapó simplemente el detalle que los gobernadores han resuelto ‘ligarse’ efectivamente para bajar los salarios, pagar en bonos y firmar el ‘Pacto Fiscal III’.

Lo que divide al FER,  es “una línea imaginaria y confusa: los que serán afectados por el ajuste y los que no”(27/10). Río Negro tiene bloqueado el 100% de la coparticipación federal y una parte sustancial de sus regalías hidroeléctricas y de hidrocarburos; el nuevo gobierno —a pesar de la anunciada reducción de la masa salarial en 7,7 millones en octubre y de otros 2 millones de pesos adicionales en abril— estará obligado a incurrir en un déficit mensual de 16 millones en los primeros 15 meses de su gestión (Río Negro, 21/10). ¿Con qué lo pagará si la recaudación impositiva propia de la provincia se ha derrumbado en más del 20% en 1995? (Río Negro, 27/10).

Los fondos prometidos por la privatización del banco están en veremos porque “peligra la venta del BPRN” como consecuencia “de la pérdida de interés de los potenciales compradores” (ídem). Después de la ‘provincialización’ de la cartera de deudas incobrables, los chupasangres financieros exigen nuevas concesiones: “la reducción del plantel (de trabajadores) prevista por las autoridades no alcanza a los requerimientos de los postulantes” (ídem).

La inconsistencia de toda la política de la burocracia quedó al desnudo cuando Verani anunció que el monto del pago en bonos será de 6% para los sueldos de 500 pesos hasta llegar a un máximo del 23%;  por un plazo de dos o tres meses, la ley lo autoriza también a emitir hasta 10 millones de pesos por mes —un 25% de la masa salarial de la provincia— y hasta un total de 80 millones, es decir, durante ocho meses. Con la coparticipación embargada y con la recaudación provincial en franco derrumbe, el gobierno se verá obligado a ‘enchufarle’ bonos a los trabajadores en una medida mucho mayor a la prevista… provocando así una desvalorización del salario también mucho mayor que la anunciada.

La burocracia y su política han fracasado. Movilicémonos para imponer la apertura de los libros del Estado, el banco y las empresas provinciales, la expropiación de los vaciadores de la provincia y el control obrero de las finanzas públicas.

Las masivas manifestaciones de todos estos meses han demostrado que ningún burócrata tiene mandato para carnerear o para aceptar la ‘emergencia’. Scalesi sólo postergó por unos días la ruptura del FER; para impedirlo, reclamemos congresos de bases en todos los sindicatos y un congreso de bases provincial.