18/07/1995 | 456

La burocracia recibe a Mestre con una tregua

Con el pago de 400 pesos en efectivo de los salarios de mayo y la promesa de efectivizar otros 400 pesos de los correspondientes a junio en esta semana, la situación cordobesa “parece” descomprimirse. Esos pagos se hacen con los 70 millones de dólares de un crédito puente entregado por el gobierno nacional, a cambio de la firma del “pacto fiscal” en 60 días, es decir, de la entrega de la Caja de Jubilaciones y de otras privatizaciones. Con el argumento de que la deuda pública de la provincia asciende a 1.200 millones de dólares, Mestre pretende pagar el resto de los salarios en bonos y reducir la nómina salarial en un 30%.


Mestre recibió el apoyo explícito de las cámaras patronales a cambio de la política de privatización y rebaja de salarios. La patronal se ha comprometido a aceptar los bonos como parte de pago a su valor nominal. Pero en realidad los bonos son un crédito de los trabajadores para el capital. La Cámara de Comercio los acepta por el 50% de las compras (el resto debe ser en efectivo), a cambio de poder pagar a sus empleados con bonos, generalizando el pago en bonos a los trabajadores privados. Como los bonos tendrán una circulación restringida, su monto de 800 millones plantea la posibilidad de su desvalorización. Servirán, así, para licuar las deudas capitalistas con la provincia.


La crisis cordobesa, expresión descarnada del derrumbe cavallista, la pagan íntegramente los explotados. Este es el objetivo de la intervención de Mestre. La reforma a la ley de emergencia plantea una reducción salarial nominal del 30% para los empleados públicos y el pago en bonos de los 400 pesos para arriba. Los municipios de San Francisco (el intendente es el cavallista Bocco) y de Carlos Paz ya aplican la reducción salarial. El secretario de Economía de la ciudad de Córdoba, Ellese, amenazó recurrir a la misma política si se mantiene el déficit actual. Pero la misión de Mestre va más allá; el flamante ministro de Salud anunció la arancelización hospitalaria para todos aquellos pacientes que no tengan residencia en la provincia, al igual que la municipalización de hospitales y escuelas, por considerar que la coparticipación que reciben los municipios es “suficiente para atender los requerimientos sanitarios y educacionales”. En realidad, el 80% de los municipios está al borde o en cesación de pagos. El futuro de Mestre está ligado a su capacidad de ejecutar el mandato de la banca mundial y es por esto que las privatizaciones ocupan un lugar central de la crisis cordobesa. Aunque Mestre sigue diciendo que no va a privatizar el Banco Provincia, no dice lo mismo del Banco Social. En un reportaje a La Voz del Interior (16/7), reconoció la posibilidad de vender algunas sucursales y la disposición a privatizar la generación de energía. Las modificaciones introducidas a la ley de emergencia establecen la intervención del Banco Provincia y de Epec, interpretado por todos como un paso hacia la privatización.


Mestre se ha convertido en un rehén de Menem-Cavallo y de la banca mundial. Pero Mestre se ha quedado sin partido, lo que en Córdoba significa quedarse sin Estado. El pago con bonos a partir de los 400 pesos recae sobre todos los punteros del angelocismo que controlan el aparato partidario. Es por ello que Mestre pretende una convivencia con el angelocismo a través del reparto de las “cajas chicas”, algo que está en contraposición con las pretensiones de Menem-Cavallo; como muestra, el nuevo gobernador debió pasar dos días sin calefacción en su despacho, porque ninguno de sus colaboradores encontró al encargado de prenderla.


El punto más importante es la resistencia popular a este ataque. La quiebra de la Coordinadora por disposición de la burocracia de Luz y Fuerza, Bancarios y el “izquierdista” Bazán del Sipos, y el pago de los 400, pesos debilitan las movilizaciones del miércoles 12 y del viernes 14. La burocracia de conjunto está dispuesta a dar una tregua. Pero como los 400 pesos no alcanzan para tapar semejante ataque a los trabajadores, ni son el final del ataque oficial, la lucha sigue a la orden del día. El activismo que participó, se desarrolló y se fortificó a lo largo de estas jornadas de lucha, debe tomar en sus manos la tarea de organizar un congreso de bases para enfrentar la aplicación de la ley de emergencia con sus modificaciones y privatizaciones.

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