La reunión convocada por el gobierno el pasado lunes 5/10, con el argumento de poner en marcha un pacto social, fue sobre todo una puesta en escena para mostrar un apoyo a un gobierno que llega golpeado, “sin aire”, nada menos que frente al inicio de las negociaciones con el FMI. En la Casa Rosada se reunieron con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Construcción, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), los banqueros de ABA y Adeba, la CGT, la de CTA de Yasky, y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep).

La iniciativa coincidió con la llegada de la misión del Fondo y su principal objetivo político fue rodear al gobierno con una muestra de “unidad nacional” que tiene como eje articulador de la ofensiva capitalista el pago de la deuda y la contención social.

Pero, ¿qué hay detrás de la pretendida “unidad nacional”?

El gobierno anunció recientemente un plan dirigido a recaudar los dólares necesarios para el pago de la deuda. En esta perspectiva se inscriben las concesiones a un sector de la burguesía: baja de retenciones al agro, a un sector de la industria y mineras, devolución de reintegros por exportación, desgravaciones impositivas para proyecto inmobiliarios, bonos linkeados al dólar. La Mesa de Enlace pataleó. Lo mismo las automotrices que dirigen su producción al Mercosur y quedaron fuera de los beneficios.

Las contradicciones de la “nueva normalidad” se expresan en la lucha al interior de la clase dominante por apropiarse de los recursos del Estado. De conjunto, la burguesía reclama más beneficios, pero ese reclamo choca, a su vez, con las exigencias del capital financiero.

Con el FMI contra los trabajadores

La CGT se reunirá esta semana con los representantes del FMI para manifestar su apoyo al pago de la deuda. Daer declaró: “la expectativa de cara a la reunión con empresarios (por la reunión del lunes) es la mejor, todos tenemos que estar de acuerdo en que hay que dar una discusión con el FMI similar a la de los bonistas”.

En el acuerdo con los bonistas el gobierno terminó cediendo a todas las exigencias del capital financiero, lo que significó un desembolso de U$S 16.000 millones adicionales a la oferta inicial.

Andrés Rodríguez, el líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), fue más lejos y declaró: “cualquier salida tiene que ser buscando un equilibrio de todas las variables macroeconómicas, pero sin un ajuste despiadado”. Ajuste sí. ¿Despiadado no?

El rescate de Fernández por parte de la CGT apunta también a mantener el control de la central obrera de cara a las elecciones hoy suspendidas por la pandemia y los beneficios del reparto discrecional de los fondos de las obras sociales por parte del estado. En Azopardo no son bien vistos los “zurdos” de la CTA ni los “cirujas” de la Ctep. Tampoco la Corriente Federal y los Moyanos.

El “pacto social”, al que todos aspiran, es una cuesta empinada cubierta de obstáculos. Al gobierno, las patronales, el FMI y la burocracia sindical los unifica el pago de la deuda y la necesidad de contención social para hacer pasar la ofensiva capitalista, pero los divide los propia crisis y la escasez de recursos para satisfacer la demanda de todos los sectores.

Mientras tanto, para los trabajadores más miseria. Está cuestionado el cuarto desembolso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en el marco de un aumento de la pobreza e indigencia que según datos oficiales abarcan a 18,5 y 4,8 millones de trabajadores respectivamente. La desocupación real ronda el 29%. Pese al DNU que prohíbe los despidos, se cuentan por más de 700.000 las pérdidas de puestos de trabajo.

El salario mínimo, vital y móvil, de $16.875, describe la situación de explotación laboral: una “familia tipo” con dos salarios mínimos no alcanza a superar la línea de pobreza, hoy en $45.477. Ni siquiera con el supuesto 30% de aumento que el gobierno hizo correr para la actualización de la próxima semana. Ni hablar de la canasta familiar por encima de los $70.000.

El impuesto a las ganancias, a su vez, ya alcanza a los trabajadores cuyos ingresos no superan la línea de pobreza. El impuesto a la riqueza, en cambio, fue suplantado por un “aporte solidario” del capital por única vez, ultralimitado y que destina gran parte de la recaudación a una redistribución entre sectores capitalistas. La oposición al proyecto, sin embargo, unifica a toda la burguesía.

La suba de las tasas de interés, las presiones devaluatorias y la flexibilidad en la flotación del dólar para achicar la brecha de las cotizaciones paralelas anticipan un nuevo golpe al bolsillo que puede hacer volar por los aires todo mecanismos de contención.

La proliferación de las tomas refleja enormes dificultades de la clase obrera, tanto ocupada como desocupada, para acceder a un derecho tan elemental como es el derecho a la vivienda. La pandemia, por su parte, sigue su rumbo, totalmente fuera de control. La situación social es un polvorín. La crisis económica y sanitaria le dan un carácter explosivo a la situación política.

Las tensiones se acumulan en los lugares de trabajo, de estudios, en los barrios. Desde la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero llamamos a apoyar todas y cada una de las luchas que desafían la contención. Los trabajadores tenemos que discutir una salida a la crisis en términos de clase.