El decreto que crea un inútil Consejo Nacional del Trabajo y del Empleo fue el pretexto que pretendían esgrimir los burócratas cegetistas para levantar inconsultamente el paro que, tambien inconsultamente, habían convocado para el próximo 26 de marzo. Una convocatoria que tardíamente llegó a la radio y a la televisión, pero en ningún momento a los lugares de trabajo. La burocracia de la CGT en ningún momento tuvo la pretensión de que ese paro fuera un éxito; sólo le interesaba como un medio de presión para defender algunos de sus intereses particulares.

Los dos reclamos fundamentales de la burocracia se refieren al intento oficial de modificar la ley de convenios de trabajo y al compromiso del gobierno con el Banco Mundial de ‘desregular’ las obras sociales (privatización). La burocracia quiere impedir, en el primer caso, que se establezca la posibilidad del contrato de trabajo individual, que la pondría afuera de la relación obrero-patronal; en el segundo caso, quiere evitar la disolución de la mayoría de las obras sociales sindicales, que serían arrasadas por la privatización de la salud. A la burocracia no le importa en absoluto, por el contrario, que las patronales impongan la reducción de los salarios, los contratos de aprendizaje y la flexibilización laboral en el marco de los convenios actuales, como está ocurriendo efectivamente, y como acaba de ocurrir con el convenio Fiat-Smata. Tampoco le afecta la privatización de la salud y el encarecimiento de la atención médica y farmaceútica, siempre que se le ofrezca la posibilidad de participar en la ‘reconversión’ de las obras sociales a la explotación capitalista privada.

El Consejo que se acaba de crear no le garantiza ni una cosa ni la otra, y para colmo ha sido denunciado por la propia UIA, que acusa a la burocracia de trabar la ‘desregulación’ laboral y sanitaria. Otro punto es que Cavallo no firmó el decreto que crea ese Consejo, lo que significa que no ha habido acuerdo para limitar la ‘desregulación’ de las obras sociales. Para las burocracias más fuertes, como las que comandan Cavallieri, Rodriguez o Gerardo Martinez, la inutilidad del Consejo no tiene  mayor importancia, porque ellos ya han arreglado la privatización de sus obras sociales con pulpos capitalistas de envergadura, como lo hicieron antes con la jubilación privada y con los seguros de accidentes de trabajo. Para los burocrátas más chicos la situación está perdida; los que están buscando desesperadamente una salida son los burócratas como Lorenzo Miguel. Esto explica que la cúpula de la CGT se  haya manifestado a favor de un levantamiento del paro.

Ni el CTA ni el MTA han actuado con claridad en esta situación, debido a que a ellos tambien les afecta e interesa la ‘desregulación’ de las obras sociales; no quieren romper los puentes con los privatizadores. Por eso no tomaron en ningún momento una iniciativa independiente en favor de un paro general y de un plan de lucha.

Pero como se muestra en estas páginas, los obreros automotrices y metalúrgicos, los choferes y los empleados públicos enfrentan inminentes medidas patronales y gubernamentales de reducción de salarios, en línea con el convenio Fiat-Smata, e incluso de despidos masivos, que apuntan a transformar a los obreros en ‘aprendices’ (en este caso la mitad del salario la paga el Estado, sin que importe para el caso el creciente déficit fiscal). Las grandes fábricas, las principales líneas de transporte y administraciones provinciales como Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires, han quedado colocadas en la línea del frente de la nueva batalla contra los ataques capitalistas.

Ante la complicidad de las burocracias sindicales con la ofensiva del gobierno y de las patronales, la respuesta de los trabajadores debe orientarse a la coordinación de las principales fábricas, líneas de transporte y reparticiones públicas.

Un atisbo en esta dirección la dieron los choferes de las líneas que fueron a la huelga en el verano; es el camino.