Luego de algunos cortocircuitos “verbales” con el gobierno, la burocracia sindical de la CGT ha vuelto a ratificar su alineamiento: “vemos con esperanza que nuestro gobierno haya reinstaurado el valor del Estado en la emergencia”, señaló en un comunicado.

Los desaires oficiales en materia de nombramientos -en especial la prometida Superintendencia de Salud- y la falta de respuesta respecto a los fondos para las obras sociales había tensado la relación pero la crisis sanitaria ha vuelto a poner las cosas en su lugar. La cúpula cegetista reafirmó su respaldo y se declaró en cuarentena (otra forma de continuar la tregua que sostiene desde hace años). La pandemia “es nuestra prioridad”, dijo Héctor Daer al informar sobre la suspensión del Consejo Directivo que había sido convocado por la mesa chica. “Los temas anunciados – aclaró -se seguirán discutiendo” (habrá un encuentro virtual). 

Entre esos temas se incluye “un inminente desembolso, ahora justificado con más razón por la propagación del virus” y un mecanismo de “consultas a las obras sociales, que atienden a entre 18 y 20 millones de personas, casi la mitad de la población argentina”.

Los reclamos por las paritarias y las sumas fijas, en cambio, quedarán para mejor momento; “algunos de los principales gremios evalúan deponer exigencias salariales” ya que ahora es tiempo de “cuidar el empleo”. “Si no hay consumo, no va a haber actualización de salario. Cómo voy a pedir un aumento si la empresa está cerrada”, argumentó un vocero de la UOM.

Son las mismas razones que las direcciones sindicales esgrimieron durante el macrismo y que costó veinte puntos de caída salarial además de miles de despidos. El panorama que se viene lo adelantó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni: “el Estado dispondrá de ayuda para pagar los salarios; pero también “echaremos mano a herramientas como los procedimientos preventivos de crisis” porque debe haber “esfuerzos compartidos, como ser suspensiones”. “Y para los que no haya solución –remató- habrá un seguro de desempleo ampliado”. Sin palabras.

Está claro que la defensa del poder adquisitivo de los salarios y de los puestos de trabajo son parte de un mismo programa; y hoy más que nunca. La emisión monetaria y la especulación empresarial (que los precios de referencia y los controles del gobierno no logran combatir) impulsan un salto inflacionario. Aunque la esperanza oficial es que el parate económico actúe como contrapeso ambas cosas – carestía y recesión – podrían agravarse simultáneamente. 

La resolución del ministerio de Trabajo de suspender por 30 días toda actividad sindical “que implique una aglomeración de personas” es un arma de regimentación que otorga mayores márgenes de maniobra a la burocracia. En particular pone a las paritarias en un freezer. Lo que corresponde es el ajuste automático por inflación de todos los salarios, incluyendo el universo de precarizados, o sea una generalización de la cláusula gatillo, que el gobierno quiere eliminar. Del mismo modo que la defensa real de los puestos de trabajo requiere una ley de prohibición de despidos. Ese programa es incompatible con la burocracia. El ministro de educación, Nicolás Trotta, del “gobierno que nos representa”, le robó cinco puntos de la cláusula gatillo firmada a 150 mil docentes universitarios y así a los docentes de distintos puntos del país, que antes de la pandemia protagonizaron varias rebeliones de base contra la burocracia.

Así como el gobierno ha corrido detrás de los hechos – la suspensión de las clases es un ejemplo de esto: fue impuesta por presión de la docencia y el decretó salió cuando ya buena parte del sistema educativo estaba paralizado-, la burocracia va detrás del gobierno y de las patronales. La acción que han desplegado los trabajadores de base – en los shoppings, en los medios de transporte, en el puerto, en las escuelas y en numerosas dependencias estatales como el Inti– contrasta una vez más con la postración de la CGT y las CTAs. 

Acabar con la burocracia sindical es también una necesidad de estricta salud pública.