El lunes pasado, la burocracia sindical de la CGT estampó su firma en un acta con el gobierno y las patronales que   destraba por completo la aprobación por el Parlamento de la “flexibilización laboral”. Como dice Ambito Financiero (26/7), “el gobierno logró que empresarios y sindicalistas  llegaran a un acuerdo de buena voluntad para acelerar la reforma laboral”. A cambio de esta brutal entregada, la burocracia sindical fue generosamente  remunerada con “un subsidio de  21 millones” para las obras sociales y “una moratoria  para cancelar la deuda previsional”.

El acuerdo establece el compromiso de impulsar y hacer votar en el Parlamento los siguientes puntos:

1) “Regular el período de prueba”. Esto significa que hasta los 3 o 6 meses del contrato laboral el trabajador podrá ser despedido, algo que ya prevé el proyecto de ley de la “reforma laboral”.

2) “Introducir una modalidad especial de contrato de trabajo para los mayores de 40 años, los minusválidos, las mujeres y los ex-combatientes de Malvinas”. Como, además, se impulsarán  “las modalidades promovidas de contrato de trabajo”, que abarcan a los menores  de 25 años, tenemos aquí estipulado el contrato de trabajo precario para el 80% de los trabajadores.

3) Se modificará la ley de accidentes de trabajo porque, se admite en el acuerdo,  “resulta inadecuado para el trabajador víctima de accidentes o de enfermedades y gravoso para los empleadores”.  Lo que se busca es poner un tope a las indemnizaciones  y hasta eliminarlas con el argumento de  evitar que haya “superposiciones”. El acuerdo saluda una reciente ley que establece que el último empleador no es responsable  de la incapacidad profesional que sufra el trabajador, por lo que no le corresponde pagar la indemnización. Para la patronal esta indemnización debe quedar cubierta por la pensión por invalidez y muerte que se establece en el régimen jubilatorio.

4) En materia de convenios de trabajo, se dice que “las partes coinciden en la necesidad de ampliar el campo de la negociación colectiva”, para incluir en ella a las vacaciones, las suspensiones y tiempo de trabajo, lo que significa que se eliminarán las 8 horas diarias y se establecerán las vacaciones fraccionadas y las suspensiones  con el argumento de la falta de trabajo.

5) El acuerdo es tan puntilloso que llega a plantear que “las partes están de acuerdo en la  necesidad y conveniencia de reformar el régimen legal del “telegrama obrero” con la finalidad de reducir su costo…”. Pero como hoy ese telegrama es gratuito, el único significado que tiene esta cláusula es que de aquí en más lo deberán pagar los trabajadores (al final, esto sería con la “privatización” del correo).

6) Se admite la modificación de la ley de quiebras y hasta se dice que las partes “valoran positivamente el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo”, el cual desconoce todos los derechos de los trabajadores en las empresas en convocatoria o que hayan sido adquiridas a empresas fallidas. Este principio antiobrero figura en partida doble: en las empresas concursadas “se deja en suspenso hasta tres años la aplicación del convenio colectivo vigente”, y para las patronales que adquieran una empresa concursada o quebrada  se establece que “con el propósito de mantener las fuentes de trabajo, la ley establecerá que el adquirente de una empresa concursada responderá únicamente por las obligaciones laborales y de seguridad social que se originen a partir del inicio de su gestión”. Por lo tanto, se desconocerán la antigüedad de los trabajadores, las categorías, el sueldo, los aportes previsionales retenidos y evadidos…

7) Reforma laboral integral. Se dice en este punto que se acuerda en reformar integralmente las relaciones de trabajo para promover… la “competitividad” y la “productividad”.  En el lenguaje encubridor de los explotadores, esto significa incrementar el ritmo de trabajo, el trabajo incentivado, el presentismo y hasta la producción a destajo. En el caso de la llamada pequeña y mediana empresa, se adelanta que tendrán un “marco regulador específico”, lo cual rompe el contrato por industria y establece normas de esfuerzo más altas y beneficios sociales más bajos.

Final

El acta final es de antología: el mismo día en que el gobierno reconocía que casi 3 millones de personas están sin trabajo, la repodrida burocracia sindical firmó un acta donde se dice  que el gobierno, en los últimos 5 años, produjo “la revolución económica que el país requería”.