El decreto de conmutación de penas dictado por De la Rúa niega la libertad inmediata de los presos políticos de La Tablada, que habría correspondido si se hubiera aplicado la doble instancia judicial que éstos reclamaban y que está establecido en la Constitución. La reducción de penas implica mantener presos durante uno, dos y hasta cinco años a 11 de los 13 ayunantes, que deberían haber salido ahora. Gorriarán Merlo y Ana Sívori directamente no fueron alcanzados por esta “conmutación”.

Antes que cumplir con la Constitución y reconocer el derecho a la doble instancia judicial, el “demócrata” De la Rúa ha preferido mantener intacto el edificio de represión e impunidad, que se apoya en la inconstitucional Ley de Defensa de la Democracia y en el acuerdo con los carapintadas, que fusilaron, “desaparecieron” y torturaron a los militantes del MTP en el cuartel de La Tablada. La segunda instancia judicial, inevitablemente, habría sacado a la luz el uso de napalm en la recuperación del cuartel, el desconocimiento de los sucesivos intentos de rendición de los ocupantes, la tortura de todos los detenidos y el secuestro y asesinato de nueve de ellos. Los “esfuerzos” de De la Rúa siempre apuntaron a mantener este andamiaje represivo y a negar la doble instancia judicial a los ayunantes. Así fue planteado en los proyectos enviados al Congreso y a la Justicia.

La conmutación de penas incluso fue apoyada por Brinzoni, el jefe del Ejército, quien cada vez que abre la boca hace una apología de los genocidas y la represión; también esta medida fue reclamada por el titular del Episcopado. El apoyo del clero y del Ejército ponen de manifiesto la emergencia de un acuerdo en el cual se acepta la conmutación en nombre del óperdónó y el acercamiento hacia una ómesa de diálogoó, que contemple la suspensión de los juicios de la verdad y el ascenso de los militares cuestionados por ser asesinos y torturadores de la dictadura.

El Partido Obrero reclama la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos de La Tablada y el juicio y castigo a los responsables de la represión, de las torturas, de las desapariciones y de los asesinatos ocurridos durante y después de la “recuperación” del cuartel.