El ataque a los trabajadores de Fiat exigió una cabal ‘operación de Estado’. La conciliación fue planteada cuando los trabajadores respondieron con la toma a las 12 cesantías producidas hasta ese momento, pero el gobierno demoró expresamente su dictado para dar tiempo a que se produzcan otros 30 despidos ordenados por Vincenzo Barello, capo máximo de la empresa, en persona (La Voz, 2/2).

Aun así, el dictado de la conciliación significaba reconocer la existencia de un ‘conflicto colectivo’ negado por la empresa y ponía sobre la mesa la representatividad sindical de los trabajadores, que empresa y gobierno le reconocen al Smata contra la voluntad de los obreros en conflicto. Pero aun así, la burocracia del Smata se negó a representar a los trabajadores y tomó partido por los despidos (“este conflicto lo empezó Carlos Gallo y lo debe terminar Carlos Gallo”, planteó Campellone), incumpliendo con su obligación legal y entregando la representación sindical al Sitramf. El gobierno, sin embargo, desconoció este hecho.

La conciliación, que es siempre una trampa del Estado para desmovilizar a los trabajadores, fue convertida en una parodia. Tampoco se cumplió la resolución de retrotraer el conflicto a su inicio, pues los cesantes siguieron afuera. “Nosotros pedimos la conciliación, nos planteó un delegado del Sitramf, pero la base de la fábrica se resintió al conocer sus características”. Los asesores y los dirigentes de la CTA de Córdoba presionaron en favor de la conciliación obligatoria aun en estos términos, porque eso les ‘ahorraba’ el trabajo de luchar solidariamente por los obreros de Fiat.