No vamos a un acto diversionista que nos debilita

Si se da crédito a lo que dicen los diarios, Hugo Moyano está promoviendo una lista peronista para las elecciones del 2001 por fuera del aparato oficial del justicialismo. La intención que le atribuyó el periodista Miguel Bonasso en una nota en Página/12, de que pretendería formar un partido de trabajadores, ha quedado en la nada. Lo que parece haber quedado perdido, aún más en la distancia, es la necesidad de dar continuidad al paro del 9 de junio pasado, que no logró arrancar ninguno de sus objetivos. El afán de Moyano por devolverle alguna credibilidad a la burocracia sindical a través de una CGT disidente, se derrite como la nieve bajo el sol. La alianza con los industriales nacionales que procuró por reclamo del episcopado, está poco menos que enterrada; el Techint Baglietto, de la Cámara de la Construcción, acaba de oponerse a cualquier tentativa de discutir aumentos de salarios en las paritarias que serían convocadas bajo el paraguas de la flamante ley laboral que descentraliza los convenios de trabajo.

En el marco de este naufragio, Moyano se ha agarrado de un fallo del juez Ballesteros, que archiva una investigación judicial de la deuda externa promovida por el fallecido Alejandro Olmos, para convocar a un acto frente al Congreso, donde piensa reclamar una disminución de valor incierto de la carga financiera con el exterior. La CGT disidente califica positivamente un fallo que, sin embargo, da por archivado el asunto y le pasa el fardo al Congreso luego de haber dejado que la causa muera por prescripción. La investigación en cuestión se limitó a indagar los tejes y manejes de la dictadura sin identificar responsables, pero dejó de lado los atropellos infinitamente más graves que ocurrieron con posterioridad, a cargo de los gobiernos democráticos apoyados por la burocracia sindical. Desde que el último milico dejó el puesto de presidente, incluida la estatización de la deuda por parte de Cavallo, la deuda externa subió nada menos que un 400%, desde 40.000 a 200.000 millones de dólares. El Estado nacional adeuda, según una investigación del economista Marcelo Lescano, unos 120.000 millones; los estados provinciales, unos 20.000 millones; y los grupos privados, unos 60.000 millones de dólares. En este cálculo no se encuentran incluidos los 55.000 millones depositados en dólares en los bancos. Los delitos y la entrega de la dictadura son, con el paso del tiempo, un poroto al lado de lo que la democracia supo conseguir.

Por una parte, hay que recordar que la democracia convirtió a los titulares de los créditos y de las deudas del período de la dictadura, en anónimos poseedores de bonos, borrando de este modo las huellas de los responsables de los desfalcos que se habían cometido. Por otro lado, esta conversión de la deuda de la forma de contratos con bancos en títulos que se cotizan en las Bolsas, facilitó más tarde la privatización de las empresas públicas, donde fue ejecutada la operación de mayor perjuicio al interés nacional en todo el proceso de endeudamiento con el exterior. La titularización de los créditos adeudados en dólares permitió que gran parte de la deuda externa fuera adquirida a bajo precio por los capitalistas argentinos, como los Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Escasany, etc., al extremo de que hoy el 30% de la deuda ‘externa’ se encuentra en manos de ‘argentinos’. Esto explica que ‘nuestra’ burguesía ‘patriótica’ sea hostil al repudio de la deuda externa.

Pero no es para protestar contra los actuales aprovechadores que se moviliza Moyano, sino contra los que ya han entrado en la tercera edad. Contra los Martínez de Hoz, no contra sus sucesores del ‘Grupo Productivo’, ni contra los parlamentarios que los protegen desde el Congreso. Tampoco es para luchar contra el co-gobierno de la Alianza y los gobernadores y políticos justicialistas, que recientemente han efectuado un canje de bonos de la deuda externa que tiene por resultado un incremento del capital a pagar y un aumento también de la tasa de interés, a cambio de un ingreso en efectivo que se usó en forma fraudulenta para hacer aparecer una baja contable del déficit fiscal.

Por todo esto, los trabajadores no nos debemos prestar a la farsa que se quiere montar el miércoles 26, teniendo en cuenta que debilita nuestra capacidad para darle continuidad a la lucha por la cual paramos el 5 de mayo y el 9 de junio pasados.