La presentación del "Plan Productivo 20/23", elaborado por la UIA, fue acompañada “sorpresivamente” por Antonio Caló (UOM) y Rodolfo Daer (Alimentación). 

El eje de ese plan es "la necesidad de adecuar las relaciones industriales al contexto de cambios disruptivos en las formas del trabajo". En castellano, eso implica avanzar más decididamente con la flexibilización laboral para “abaratar costos”.

Al finalizar la reunión, Caló informó a la prensa que la UOM “ya viene trabajando en un borrador de modificación del convenio colectivo de trabajo” y que se lo presentarán en breve a los empresarios “para articular”. 

La presencia de Caló y Daer reafirma el rol que Alberto Fernández (el impulsor de la visita de los sindicalistas) le asigna a la burocracia sindical, como mediadora para la modificación de los convenios colectivos, según el modelo de Vaca Muerta.

El convenio de Vaca Muerta extendió la jornada laboral, eliminó la protección ante la adversidad climática, anuló resguardos de seguridad, dejó en manos de las empresas la reubicación de los trabajadores en tareas diferentes contra todo derecho adquirido, habilitó medidas patronales para evitar el “abuso de ausentismo por enfermedad”, eliminó las “horas taxis” de traslado obrero a los lejanos pozos y, mediante nuevas adendas, incursionó en la liquidación del derecho de huelga. La consecuencia más visible y dramática de esta superexplotación es el aumento exponencial de los accidentes de trabajo, que ya costó ocho vidas obreras.

Pionera en flexibilización

Las declaraciones de Caló no constituyen ninguna novedad. La UOM fue uno de los gremios pioneros en materia de reforma convencional “a la baja”, junto a ferroviarios, lecheros y el Smata. 

En Tierra del Fuego, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) y la UOM de Río Grande suscribieron, a fines de 2017, un acuerdo de “competitividad” junto con el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia de Tierra del Fuego, que incluyó la  suspensión de las paritarias, la implementación de planes de retiro voluntario (que significó miles despidos encubiertos masivos). Y se acaba de anunciar la continuidad de este acuerdo hasta 2020; es decir que se mantiene el congelamiento salarial. Algo similar al acuerdo de precios y salarios propuesto por los voceros de Alberto Fernández. 

Hay que recordar que antes la CGT negoció con Macri el proyecto de reforma laboral, que fue mandado al archivo por las movilizaciones de diciembre de 2017. 

Los convenios del '75

El argumento que esgrimió Caló es que “no podemos  negarnos a reformular nuestro convenio  cuando es del año '75" y no existían celulares ni computadoras.

Pero hay bastante de mito en eso. Los convenios del '75 consagraron importantes conquistas, fruto de una etapa de ascenso obrero sin precedentes. Uno de sus aspectos más progresivos para los trabajadores es la llamada “ultra-actividad”, que establece que las normas convencionales se mantienen de no mediar un nuevo acuerdo: una especie de “blindaje legal” que, sin embargo, fue sistemáticamente vulnerada por la burocracia sindical.

Un estudio de la Universidad de San Martín sobre 506 convenios de trabajo estableció que “el 54% (273) de eso convenios fueron pactados entre 2003 y 2014,  un 10% (49) corresponde al período 1988-1990” y el resto “tuvieron una intensa actividad de retoques” a la baja. La mayor cantidad durante la etapa de la supuesta “década ganada” kirchnerista. 

La situación de los trabajadores

La industria metalúrgica es un fiel exponente de la situación general. Luego de 16 meses de caída constante y una pérdida de 25.440 empleos desde la asunción de Macri, la masa de los metalúrgicos percibe salarios de pobreza e incluso de indigencia (el piso de ingresos, que se denomina Ingreso Mínimo Global de Referencia, llegaría a los 25.855 pesos a partir de enero de 2020). Una parte sustancial se encuentra en negro, es decir despojada de todo derecho. 

Es muy claro que el problema de la economía argentina no son los costos laborales o la rigidez de los convenios. 

El "Plan Productivo 20/23" de la burguesía nacional “industrialista” se reduce a un reclamo de más subsidios, eximiciones impositivas y destrucción de conquistas obreras. Pretende recomponer la tasa de beneficio imponiendo una desvalorización general de la fuerza de trabajo al nivel de los trabajadores “en negro”.

Al revés de lo que reclaman las patronales, los Alberto Fernández, Caló y el resto de la burocracia sindical, lo que corresponde es derribar todos los acuerdos flexibilizadores y a la baja,y defender cada una de las conquistas amenazadas.  Y terminar con el costo patronal; es decir, las tasas de interés usurarias, los subsidios a los pulpos petroleros, los combustibles dolarizados, la falta de inversión y el sometimiento al FMI y sus recetas.

Para quebrar el ataque en regla que se prepara (y en parte ya se ejecuta) detrás del pacto social, necesitamos un paro activo nacional de 36 horas que dé inicio a un plan de lucha escalonado, y una nueva dirección -en la UOM y en todos los sindicatos- para llevarlo adelante.