El lunes 21 de abril, momentos antes de la represión contra la gran manifestación en reclamo del retiro de la policía de Brukman y la devolución de la planta a los trabajadores que habían sido desalojados de la misma, el Ministerio de Trabajo convocó a los obreros a una audiencia.

Realizada días después, en lugar de retrotraer el conflicto a sus inicios – al miércoles 16 – la ministra Camaño “ofreció” crear una nueva “unidad productiva”, o sea un “microemprendimiento”.

Esto significa ni más ni menos que la ministra le devuelve la fábrica a la patronal vaciadora.

Página/12 (3/5) explica que el objetivo del gobierno es “hacer eje en desplazar de la discusión el pedido de la expropiación de la planta”.

La mujer de Barrionuevo, acompañada por el “asesoramiento técnico y comercial” del Inti, propone abrir un galpón e instalar allí nuevas máquinas.

No está claro quién pagaría esas nuevas máquinas, ni el local. Se habla de un crédito del Estado: se trataría entonces de un operativo de “asistencia social”.

Los trabajadores de Brukman rechazaron la propuesta. Oponen a ella la expropiación de Brukman, del inmueble y de las máquinas y el mantenimiento de la fábrica bajo gestión directa de sus trabajadores.

En Brukman no está en juego sólo el ingreso de 60 familias, sino cómo enfrentar la crisis del régimen capitalista.