La política de la dirección de Ctera se ha concentrado casi exclusivamente en el reclamo de una ley de financiamiento educativo. El ayuno iniciado hace dos meses, está motivado por esta consigna.

La Ucr y el Frepaso han elaborado un proyecto que Ctera se ha apresurado en difundir y apoyar.

¿Qué plantea el proyecto?

¿Financiamiento o desfinanciamiento?

El proyecto contempla la creación de un fondo “extrapresupuestario” (artículo 2), sin haber determinado antes el monto del gasto que demanda el servicio educativo, o sea el total de los salarios que reclama la docencia y las erogaciones e inversiones a cubrir. El punto de partida metodológico del proyecto es, por lo tanto, el mismo del Banco Mundial (que aplica el gobierno menemista) y que consiste en circunscribir el nivel del gasto a los “recursos disponibles” (léase, un presupuesto educativo inferior a las necesidades educativas, tal como las definen las organizaciones docentes). La propia ley de educación prevé la creación, por ley, de un fondo especial sólo que no sería ‘extra presupuestario’.

El planteamiento de que el fondo sea extra-presupuestario, significa que no se alteran los presupuestos nacional ni provinciales. Se mantiene intacta la actual estructura, y nivel de las erogaciones, fuera de la incumbencia de la ley de financiamiento.

La circunstancia de que el proyecto no afecte la estructura y nivel del gasto educativo, significa que acepta el régimen actual que se caracteriza por el avance de la enseñanza privada y de las escuelas confesionales, por la provincialización, municipalización y ‘autogestión’ de la educación nacional; por los subsidios estatales al clero; por el alargamiento de la jornada laboral de la docencia; por la ‘evaluación’ docente a cargo del Estado represor; o por los regímenes de ‘capacitación’ que se‘licitan’ a pulpos privados o al Consudec.

Un fondo sin fondos

El fondo extrapresupuestario que se prevé crear no merece tal denominación pues dependerá de una recaudación aleatoria. Es decir, se trata de un fondo que corre el peligro de quedarse sin fondos, en virtud de la ‘volatibilidad’ de sus fuentes.

La principal de ellas, según reza en los fundamentos del proyecto, sería el aumento de la alícuota del impuesto a los bienes personales. Pero esto no se compadece con los magros resultados obtenidos por este tributo, la mitad de los proyectados, dado el extraordinario nivel de evasión.

El mismo carácter incierto corresponde al 5% de las posiciones netas de pases del Banco Central, pues el más mínimo desequilibrio o corrida en el circuito financiero, o el‘cambio de expectativas’, como suelen decir los agentes de bolsa, bastaría para que se evaporaran de un plumazo los recursos proyectados. Los mismos redactores reconocen esta posibilidad en el mismo texto del proyecto, lo que prueba la inconsistencia de su concepción.

Como el fondo tiene un carácter “extrapresupuestario”, el financiamiento se restringe exclusivamente a las fuentes señaladas. Con el argumento de evitar que el Estado pueda disponer del fondo para otros fines, se lo exime de la obligación de salir en su auxilio en caso de que las expectativas previstas no se cumplan.

Financiamiento y descentralización

El hecho de que el fondo sea simplemente un refuerzo, es decir, que tenga un carácter complementario de la estructura de financiamiento actual, significa que el proyecto acepta la descentralización menemista que condiciona el nivel educativo de cada región y hasta de cada establecimiento a sus propias fuentes de financiamiento, cuando lo que se plantea es terminar con este desguace y esta atomización y promover la unidad del sistema educativo con los recursos del estado nacional.

El proyecto no señala los rubros en los que se van a aplicar los fondos; se limita a decir que “el fondo tendrá por objeto asistir a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires con la financiación especifica y exclusiva de los gastos educativos”. Es decir, que otorga la administración de los recursos a burocracias más incontrolables aún que la del gobierno nacional. En estas condiciones quién sabe si el dinero llegará al ámbito educativo, después de pasar por el filtro de administraciones provinciales con sus arcas exhaustas y quebradas y comprometidas con las oligarquías locales.

Administración

Para administrar el fondo, el proyecto propone un Consejo de 8 miembros, siete de los cuales responderán a los gobierno nacional y provinciales y a las bancadas del oficialismo y la oposición, es decir, que guarda una composición, similar al actual Consejo Federal de Educación encargado de aplicar la ‘reforma educativa’.

Planteamiento político

El fondo, lo indica el texto del proyecto, se crea “en cumplimiento del TITULO XI, Financiamiento de la ley Federal de Educación Nº 24195”. Es decir, es un fondo para aplicar la ley de educación. Por eso toma como propias todas las estructuras y categorías de esta ley: descentralización, arancelización, fuentes de financiamiento alternativas, privatización, manejo y administración de los fondos por funcionarios y burócratas.

El proyecto frepaso-ceterista está en la misma sintonía de los planes del Banco Mundial en lo que se refiere a la reconversión educativa, aunque el BM reclame sustituir el impuesto a los bienes personales, por el impuesto nacional inmobiliarios, pero ¡coincida con Ctera en gravar los intereses que pagan los bancos! Los dirigentes y legisladores que suscriben el proyecto aceptan con gusto los créditos del Banco Mundial y los planes vinculados con estos créditos, ya que forma parte del financiamiento educativo ‘presupuestario’. Escamotean pronunciarse, sin embargo, sobre las contradicciones entre un proyecto de Fondo y esos créditos condicionados

El clero

La Iglesia también viene advirtiendo hace bastante tiempo sobre la necesidad de cambios y ‘ajustes’ en la educación. “El instrumento es bueno ha dicho el Presidente del Consudec (Consejo Superior de Educación Católica) (refiriéndose a la ley federal de educación), pero puede suceder que no se use adecuadamente. Eso hay que corregirlo” (publicación del Consudec Nº 811). Es que la crisis presupuestaria puede poner en peligro los generosos subsidios que recibe la poderosa estructura educativa privada y confesional. “Hoy por hoy todo está centrado en un denominado” ‘fondo de financiamiento’ que requerirá la correspondiente ley y que debería ser exclusivamente para educación”, dice la publicación del clero, en completa coincidencia con Ctera.

‘Asignatura pendiente’

Salta a la vista la contradicción que existe entre estos proyectos y la bandera de la “derogación de la ley de educación”, que en algunas oportunidades reclama Marta Maffei.

La cúpula ceterista se mueve al compás de una partitura extraña a la docencia, en arreglo con los políticos ‘opositores’ y que se adapta completamente (cuando no se identifica) en sus principios, pautas y lineamientos con la reforma educativa.

La derogación de la ley federal de educación sigue siendo la tarea pendiente y exige una lucha a fondo, que tiene que tener por eje reivindicativo el salario mínimo de 700 pesos y la urgencia del estatuto docente y, como perspectiva la reorganización integral de la educación bajo dirección de los trabajadores.