La ley votada en el Congreso que introduce 9 emergencias y una suspensión de la movilidad jubilatoria, afecta el bolsillo de los trabajadores en general y de los No Docentes en particular. Llamarla “de solidaridad” es otro acto de cinismo de los gobernantes de turno. Sin embargo una vez más la Fatun y Apuba decidieron acompañar el ajuste en silencio.

No sólo firmaron 0% de aumento en la última reunión paritaria de noviembre, llevando los salarios a una pérdida del 15%. La directiva de APUBA se negó siquiera a negociar un refuerzo salarial de fin de año para todos los No Docentes, dejando librado el tema a la negociación de cada Facultad. Esto generó una fuerte desigualdad entre los No Docentes. Algunos recibieron hasta 7100 de recursos propios en el año para el refuerzo salarial como es el caso de la Facultad de Ciencias Sociales dirigida por la oposición a la Directiva y que lucha hace años por este derecho y otros, nada, como es el caso de las y los trabajadores de Exactas, una Facultad con jugosos ingresos por la vía de convenios con grandes empresas.

Yendo al nudo de la cuestión: los salarios No Docentes parten de un ingreso de $35.000 aproximadamente y el ingreso jubilatorio se encuentra hoy en el orden del 65% de los ingresos al momento de jubilarse. Este porcentaje aproximado se sostiene desde hace unos tres años cuando se superaron los diez años desde el momento en que se produjo el blanqueo del salario del año 2006.

Todos los No Docentes superan los 19 mil pesos al momento de jubilarse, y ninguno de ellos puede ser llamado privilegiado ni mucho menos. Las medidas actuales producirán un nuevo achatamiento y retracción del ingreso jubilatorio de los No Docentes. Ante este ataque la directiva de nuestro gremio, Apuba no ha dicho nada y ventila sus fotos con los nuevos gobernantes, aunque se estén manipulando los ingresos de los trabajadores a los que debieran representar. El problema de defender la independencia de los sindicatos con relación a los gobiernos de turno como eje central, piensen lo que piensen sus integrantes, resulta una tarea central para todos los trabajadores del país.

La caja jubilatoria concentra el salario diferido del trabajador que aporta durante su etapa activa para luego cobrar un ingreso en su etapa de inactividad laboral. Esa caja fue objeto de múltiples robos por parte de los gobiernos. Las reducciones de los aportes patronales (que representaron una reducción del salario indirecto del trabajador) que se sucedieron durante 25 años y que ningún gobierno restauró, vaciaron la caja. Junto a otras medidas tomadas de inversión de los fondos de los trabajadores y de expropiación directa de una porción de ella.

La caja jubilatoria es desde hace años un objetivo de los gobiernos. Su privatización en el 94, las reducciones de los aportes patronales que se suceden desde los noventa, su reestatización sin tocar los intereses de los fondos de pensión que se allanaron en medio de la bancarrota internacional del sistema privado de pensiones, el uso de esta caja para pagar deuda, la ley de 82% móvil vetada por CFK, representaron antecedentes fuertes del vaciamiento actual. Luego serían sectores del gobierno actual, como el massismo y los gobernadores, quienes le darían votos al macrismo para concretar la ley del 2017 que modificó la movilidad a fuerza de represión y encarcelamiento de luchadores, logrando imponer un 25% de caída de los ingresos jubilatorios junto a los ingresos de los beneficiarios de las AUH, que totalizan 18 millones de personas. Ahora esta nueva modificación de la movilidad impulsará una nueva retracción de las jubilaciones, pensiones y AUHs, nivelando nuevamente hacia abajo los ingresos. La primera medida tomada es de transferencia de fondos de jubilaciones bajas (19 mil para arriba) hacia las bajísimas (las jubilaciones mínimas que dentro del sistema representan un 60% del total). Con estas medidas se achatarán nuevamente hacia abajo la escala jubilatoria y las mínimas serán llevadas a casi al 80% del total del sistema.

Buscan completar así la idea de que el financiamiento del sistema ha sido sustituido progresivamente por impuestos generales, transfiriendo fondos del Estado a las patronales que vieron reducidos sus aportes y de esta forma desterrar la idea de que la jubilación es salario indirecto, para convertirla en un ingreso asistencial estandarizado.

El ataque que planificaron era mayor, porque planteaba terminar con regímenes especiales por los cuales esos trabajadores cobran el 82% móvil, como el de docentes universitarios, mientras que no planteaba eliminarán las jubilaciones de privilegio como las judiciales o las de los ex presidentes. Como fruto de la fuerte reacción de docentes que llevó incluso a la excepcional situación de que la Ctera, aliada política del gobierno, sacara un comunicado, tuvieron que retroceder.

Es necesario luchar por una fuerte agitación para que los No Docentes conozcan la profundidad del paquete en curso, que mientras afecta las jubilaciones, paritarias y salarios, no toca los intereses multimillonarios y depredadores de la megaminería y permite a las empresas derivar fondos a casas matrices con un dólar a 63 mientras coloca un dólar a 82 para trabajadores y clase media que buscan ahorrar o viajar.

Defendamos reuniones, asambleas y todas las acciones tendientes a difundir las medidas y a organizarse de forma independiente para enfrentarlas, defendiendo el salario y las jubilaciones.