La CGT de San Lorenzo mantiene 16 piquetes sobre las grandes terminales portuarias del cordón industrial en reclamo de que se pague 5.000 pesos de mínimo a todos los trabajadores que desempeñan tareas ligadas a la agro-producción. Los piquetes paralizan casi por completo la actividad pues impiden el ingreso de camiones a las mismas. La inmensa mayoría de los trabajadores efectivos no ingresan a las plantas a raíz de estos piquetes. Hay más de 30 barcos anclados en el Paraná a la espera de la resolución del conflicto.

El desencadenante del conflicto es un convenio firmado por los aceiteros -encabezados por Reguera- del 25% de aumento de los salarios que estableció que todos los aceiteros de convenio llegaran a un básico de 5.000 pesos. La CGT que encabeza los piquetes (Cabrera-Quiroga) reclama que sobre la base de este acuerdo se haga extensivo un salario mínimo de bolsillo de 5.000 pesos para todos los trabajadores vinculados al trabajo de la agro-exportación en las terminales, aunque el mismo no sea de básico, sino de un salario conformado. Esta CGT es contraria a Reguera, que se ha nucleado con otros gremios del cordón donde existen de hecho dos CGT.

El reclamo abarca unos 5.500 trabajadores que se desempeñan en las aceiteras, en estibadores, personal de seguridad de las plantas, trabajadores de la Uocra y empleados de comercio en empresas tercerizadas de los puertos privados. Estos trabajadores perciben un promedio salarial mensual de 2.500 pesos, 3.000 de ellos son aceiteros contratados eternamente por las empresas con distintos subterfugios legales, bajo la mirada cómplice de los distintos intendentes del cordón y del gobierno provincial. Las empresas amenazan con suspender estos tres mil tercerizados como chantaje al conflicto. Pablo Reguera, el secretario general de Aceiteros, ha señalado que su gremio no está en conflicto y sólo se muestra “solidario” con el reclamo.

Las empresas reclaman airadamente la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, para que dicte una conciliación obligatoria que levante el conflicto. El gobierno nacional aún no actúa y el ministerio de Binner sigue con una línea rastrera de seguidismo al gobierno nacional, conducta que ha primado en los grandes conflictos de la provincia como General Motors, Malhe, las metalúrgicas de Armstrong y Paraná Metal. Binner le “entrega” la dirección de la negociación al Ministerio de Trabajo nacional, llevando a funcionarios provinciales simplemente a avalar lo que decida el gobierno nacional. El conflicto tiene un trasfondo político. Los piquetes de los trabajadores están apostados en los puertos privados de Nidera, Cargill, Bunge, Terminal 6, ACA, Molinos Río de la Plata, La Plata Cereal, de las ciudades de San Lorenzo y Puerto General San Martín y en las terminales de embarques Noble y Dreyfus de la localidad de Timbúes, impidiendo el ingreso y salida de camiones. Las empresas afectadas son las grandes exportadoras de granos y aceite del país que “facturan 20 mil millones de dólares por año y no pagan un peso de impuestos provinciales de ningún tipo” (La Capital, 30/1).El conflicto tiene el “visto bueno de Moyano” en un momento donde se han reavivado los roces políticos entre el gobierno nacional y la Mesa de Enlace con acusaciones cruzadas de utilización de trabajo esclavo de parte de los grupos del campo.

La medida que dista mucho de ser un paro gremial clásico, tiene mucha simpatía entre los trabajadores por dos razones de peso. La primera es el odio a la impunidad con que actúan las agro-exportadoras que ni siquiera pagan ingresos brutos, violando los convenios laborales y desconociendo abiertamente las condiciones de seguridad de sus trabajadores. La seguidilla de muertes obreras (nueve en el año) en estas grandes terminales producto de la gran flexibilización laboral reinante, y la absoluta ausencia del gobierno provincial en cuanto las condiciones de seguridad de los trabajadores de toda la provincia, es un fuerte condimento de este conflicto.

La segunda razón, es el impacto social y político de la gran lucha de los tercerizados ferroviarios que reproduce la misma realidad de más del 60% de todos los trabajadores del Cordón. Las tercerizaciones son moneda corriente no sólo entre las cerealeras y aceiteras. Están presentes en las químicas, las metalúrgicas, en Honda Guerrero (Smata), entre las papeleras de Bermúdez, las fábricas ceramistas, sino también entre un gran número de trabajadores estatales con contratos eternos por debajo de los convenios.

Los piquetes han puesto abiertamente de relieve todo esto. La lucha por el fin de las tercerizaciones ha dado un gran primer paso. Con la intervención del ministerio, esta semana se tratará de levantar el conflicto sobre la base de mejoras salariales que no cambien la estructura de tercerizaciones y contratos, como ya sucedió en el conflicto del año pasado con los estibadores de las cooperativas portuarias. Está planteada, como una de las cuestiones centrales del conflicto, la organización independiente de todos los tercerizados.

Impulsamos una asamblea general de delegados y activistas de todos los gremios del cordón para terminar con esta situación de brutal discriminación y con la brutal flexibilización laboral reinante. El gobierno nacional y provincial no pueden dilatar más la normalización laboral en las plantas. Es necesario que se ponga en un acta un plazo único a la equiparación salarial y el pase a planta de contratados y tercerizados.

Está en el orden del día la elección de delegados negociadores de todos los tercerizados y contratados que constituyan, junto con los gremios que apoyan el reclamo, una comisión única con este programa y el control obrero de los listados de todos trabajadores no efectivos del cordón para defender su pase aplanta de las maniobras y despidos patronales que ya las patronales amenazan con producir. Estamos en el inicio de un gran proceso de organización obrera en el corazón de las grandes multinacionales del cereal y del aceite.