Sindicales

28/4/2016|1408

La lucha de los trabajadores de TECPLATA

Los trabajadores de la empresa TecPlata, que explota la concesión privada de la terminal portuaria de Berisso, llevan ya un mes de lucha por su reincorporación. El conflicto involucra a unos 140 compañero


Los trabajadores de la empresa TecPlata, que explota la concesión privada de la terminal portuaria de Berisso, llevan ya un mes de lucha por su reincorporación. El conflicto involucra a unos 140 compañeros. 


La  empresa International Container Terminal Services (ICTSI), consorcio con casi 30 empresas en todo el mundo, declaró que los despidos son parte de un ajuste de gastos y que  mantendrá las puertas cerradas por dos años. Es una decisión empresarial y no un problema de inviabilidad, ya que fueron rechazaron trabajos de descarga de numerosas empresas, como los operarios han denunciado. A ello se suma la suspensión de los trabajos con la empresa de tecnología Patagonia Shipping Line, con quien se había firmado un contrato por veinticuatro buques de los cuales once están pendientes.


El grupo ITCSI pretendería reproducir concesiones y beneficios, en medio de los cambios de firmas con el nuevo gobierno. A largo plazo, especulan en base al proyecto del macrismo de cambiar la función del actual puerto de buenos aires, en uno para cruceros. Para esta mudanza anunciaron el “Paseo del Bajo”, 6 kilómetros de autopista por la que circularían decenas de miles de camiones con contenedores hacia La Plata.(Clarin, 6/4). 


La responsabilidad de este fraude contra el pueblo de Berisso recae no solo en Scioli, que usó la inauguración como pantalla de su campaña, y en Slezack, sino también en Nedela, intendente del PRO actual y el massista Celi, ya que todos aprobaron ceder las tierras a este emprendimiento empresarial. El resultado está a la vista, no crecieron los puestos de trabajo, pero si los negocios capitalistas. Se invirtieron $450 millones en el puerto en beneficio de las empresas “licitadas” y al capital exportador. El  playón de contenedores nace como un agujero negro sin control fiscal y una invitación a todo tipo de ilícitos.


La conducción moyanista del sindicato de Guincheros, que forma parte de la Fempinra (Federación de sindicatos portuarios) firmó una conciliación obligatoria por 21 días. El aire que ganó con esta conciliación, la empresa lo utilizó para seguir aplicando licencias forzadas. La negociación con el ministerio de Producción y la Administración Portuaria Bonaerense, a su vez, no llegó a ninguna conclusión. El gobierno provincial no hizo ninguna propuesta.


Por su parte, todos los partidos patronales berisenses (FpV, Frente Renovador, Progresistas y Cambiemos), votaron en el concejo deliberante el proyecto del FpV, que plantea que la empresa pague los salarios con el canon que paga a provincia por el uso de las tierras: brutal concesión a una empresa que levanta campamento.


En contraposición a esto, desde el Partido Obrero venimos acompañando a los trabajadores en lucha. A través de Guillermo Kane, logramos que la Comisión de Trabajo apruebe una declaración unificada rechazando los despidos e instando a la provincia a sostener los puestos de trabajo, y una solicitud de informes de su autoría indagando las causas por las cuales la empresa rechazó contratos e interrumpió los ya firmados, y mantenía a los trabajadores fuera del convenio colectivo de trabajo y procedió al cese total de operaciones por al menos dos años.


Es una especulación empresarial en función de operar en el futuro con menores costos, que deja a 140 familias sin sustento cuando la provincia ha invertido fondos millonarios para garantizar su actividad. Deben investigarse también el destino de los fondos que el Estado destinó a infraestuctura y el valor de las tierras concedidas a la empresa, para calcular la magnitud de los recursos públicos que se ven implicados en este fraude económico y social contra la región. 


Desde el inicio, la conducción de Coria bloqueó acciones políticas contra el gobierno de Vidal.  


Finalmente, el pasado miércoles los trabajadores movilizaron a la gobernación para exigir que el Estado se haga cargo de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y que a su vez presente una solución a la situación de fraude empresarial que significa el cese de operaciones. Cuando esta edición esté en la calle, los trabajadores estarán peleando en una nueva negociación de la conciliación obligatoria. Son horas decisivas por la reincorporación.