En las últimas semanas, y pese a la cuarentena, los robos y la violencia contra los repartidores han crecido enormemente. Solo en una semana a casi 20 compañeros le fueron sustraídos sus herramientas de trabajo (moto o bici, celular, etc.) y el dinero del día. Estos hechos sucedieron siempre en una misma zona y de noche. Esta situación tomó relevancia pública con la muerte de una persona luego de un choque. También se hizo conocido el caso de una trabajadora de Glovo que fue golpeada, cortada y asfixiada para robarle, en la zona roja.

El viernes 8, en el marco del paro nacional y la caravana de repartidores, entre otros reclamos, fuimos a la gobernación para exigir que se terminen las zonas liberadas por parte de la policía. Se realizaron las denuncias correspondientes a la policía pero siempre fueron desestimadas, aduciendo que la policía no puede entrar a determinados barrios o que “sin órdenes judiciales no pueden actuar”. ¿Se puede sostener esta modalidad sin la complicidad policial?

Zonas liberadas y complicidad estatal

El aparato policial del Estado se encuentra integrado al funcionamiento del crimen organizado. Esto mediante zonas liberadas y el amparo de bandas delictivas que operan con total impunidad, lo cual redunda en sustanciosos beneficios económicos para los implicados. La mano de obra de este negocio delictivo suelen ser los jóvenes que reclutan en las barriadas populares, siendo estos es eslabón más frágil de toda la cadena. Algunos de ellos se resisten y son coaccionados por diversos medios, como golpizas, amenazas o causas armadas, que incluso pueden llevar al asesinato, como el caso de Luciano Arruga. En la ciudad de La Plata, se han removido comisarios de importantes comisarias por hechos de corrupción y delitos de este tipo.

Uno de los salpicados por estos escándalos es Sebastián Martínez Pass, que fue citado a declarar por Asuntos Internos en una causa sobre la Comisaria Primera donde desafectaron a siete policías. Martínez Pass, que es uno de los principales responsables de haber liberado la zona para que se hiciera la fiesta donde en 2016 murió Emilia Uscamayta, fue premiado con un ascenso a jefe de la Departamental La Plata, Berisso y Ensenada de la Policía Bonaerense por parte del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni.

Estos hechos muestran cómo operan al interior de las “fuerzas de seguridad” las mafias que organizan el negocio del delito del cual somos víctimas los trabajadores. El dinero que se generan con estas “cajas negras” ha generado distintos choques entre las fuerzas. En las comisarías donde se recaudan coimas o tajadas solo circula un porcentaje mínimo del total, que recorre todos los departamentos o dependencias internas de las fuerzas.

Para que el delito prospere se necesita mucha más que la empresa de unos pocos individuos. Los elementos sustraídos deben ser luego comercializados, tarea de difícil realización sin el amparo de funcionarios públicos y elementos de las fuerzas de “seguridad”. La mera extracción de nuestros elementos constituye solo la punta del iceberg: detrás de cada robo existe un negocio organizado del delito cuyas raíces se hunden en lo más profundo del poder político y del régimen actual.

El intendente Garro se vale de estas circunstancias para reforzar un discurso represivo sobre las barriadas populares, lo que termina habilitando la regimentación y mayor presencia policial en las barriadas: el lobo cuidando el gallinero. La intendencia y la gobernación son corresponsables de la situación que padecemos los trabajadores.

Ganar la calle por los reclamos

En este marco, la lucha de los repartidores por sus reclamos es un paso importantísimo que debemos profundizar. Queda claro que quien garantiza las zonas liberadas para el delito es la propia policía, en complicidad con el poder político y judicial. Por esto los repartidores debemos continuar con el plan de lucha que hemos emprendido señalando este aspecto fundamental para terminar con las zonas liberadas.

La bronca que recorre a los repartidores de la región debe ser canalizada hacia el poder político que es responsable de la situación social y de la corrupción de las fuerzas represivas. La Asociación de Repartidores (Acri) debería dedicarse a atender los reclamos de los repartidores en lugar de buscar prestigios personales trabajando en dependencias estatales junto a los responsables de esta situación.

Frente a este cuadro, los trabajadores del reparto tenemos que afinar nuestros reclamos no solo al Estado responsable sino también a las empresas: exigimos a la patronal un seguro para cubrir los valores que nos sean sustraídos, la instalación de botones antipanico y GPS para nuestras herramientas de trabajo. Vamos por una gran movilización al poder político para exigir el fin de las zonas liberadas y por todas nuestras reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales.