Vivimos una crisis sanitaria de características históricas. La destrucción hospitalaria en la provincia de Buenos Aires, llevada a cabo por Scioli y anteriores gestiones bonaerenses,  y que encuentra su continuidad en la actual gobernadora Vidal, se agudiza aún más en medio de un ajuste brutal al bolsillo y las condiciones de vida de los trabajadores.

Así lo refleja un presupuesto de ajuste votado en la Legislatura provincial por todos los bloques, a excepción del Frente de Izquierda.

La situación de la atención materno-infantil es crítica.

Falta de neonatólogos y pediatras, así como también de enfermeros, falta de equipamiento, el no pago de reemplazos de guardia en tiempo y forma, malas condiciones de trabajo, violencia y magros salarios, tienen como corolario el desmantelamiento y cierre de servicios.

Tentativas de cierre o cierres parciales o esporádicos; como neonatología y pediatría del Mercante, de J.C.Paz; Oñativia, de Rafael Calzada; Meléndez, de Adrogué; Km. 32 y Paroissien, de La Matanza, etc. O los cierres permanentes, como las neonatologías del Fiorito de Avellaneda y el Evita de Lanús, o del Hospital de Mercedes. Y los que no están cerrados, están desmantelados y sin médicos.

Se trata de una política deliberada de destrucción de la salud pública que se generaliza a todas las áreas, pero se agudiza en el sector más vulnerable, la atención de madres y niños. Esto en el marco del  aumento de la pobreza, el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, el aumento de la conflictividad social, con situaciones emergentes como el aumento de infecciones de transmisión sexual (VIH, sífilis), las adicciones, la violencia familiar y de género, que tienen un impacto real sobre las mujeres y sus hijos y constituyen un grave problema de salud pública. Lo anterior, sumado a las pésimas condiciones en las que se asisten a embarazadas, neonatos y niños, explica las cifras estremecedoras de muerte materna, neonatal  e infantil en la región.

Esta situación va abriendo camino a políticas privatizadoras y tercerizaciones encubiertas (como plan Nacer o plan Sumar), y favorece directa e indirectamente a la medicina privada (que se lleva pacientes y recurso humano), farmacéuticas y otros capitales ligados a la salud, favoreciendo también todo tipo de negociados y corruptelas, en detrimento de la salud y la vida de nuestros pibes.

Esta política criminal cuenta con el amparo de las burocracias sindicales de todos los colores, por complicidad o inacción.

Desde Tribuna de Salud llamamos a organizar asambleas conjuntas de trabajadores y pacientes para denunciar este ataque a la atención de la salud del sector más vulnerable de la población y votar acciones de lucha contra estas políticas liquidacionistas de la salud pública.

* No al vaciamiento hospitalario.

* Triplicación del presupuesto de salud. Partida presupuestaria de emergencia.

* Salario digno igual a la canasta familiar. Anulación del impuesto al salario

* Ningún cierre de servicios.