Más de 150 familias ocuparon un terreno en el margen de la Villa 15. El asentamiento se produjo por una migración de familias de la propia villa, que viven en condiciones de hacinamiento inenarrables. Hasta 10 miembros de una familia en 50 metros cuadrados; padres, hijos y nietos bajo el mismo techo.

A partir de allí se produjo una situación de tensión por la amenaza de desalojo judicial y la presencia policial permanente. Y por la “manifestación” pública de vecinos del barrio aledaño, reclamando el desalojo de los “villeros”, atribuyéndoles molestias, delitos y violencia contra sus familias.

Los delegados de Villa Oculta y la comisión de desocupados del barrio defendieron a los asentados contra la represión policial, incluso físicamente, cuando la policía arrojó gases lacrimógenos en un intento de desalojar el predio. Ayudaron a instalar una olla popular y reclamaron ayuda alimentaria y de enseres a Promoción Social, en la medida que a los vecinos ocupantes la policía les impide entrar o sacar nada del asentamiento y, por temor al desalojo, los vecinos no concurren a trabajar.

El terreno ocupado estaba destinado a “banco de tierra” con vistas a desplazamientos de habitantes para la urbanización de villa Oculta, que tiene un proyecto avanzado en ese sentido, aprobado por las asambleas de vecinos. Se ha explicado a los vecinos hostiles del sector urbanizado que deben apoyar ese proyecto, como una manera de urbanizar toda la zona, en beneficio de todos, los de adentro y los de afuera de la villa. El reclamo a la CMV y al Gobierno de la Ciudad es que frenen el desalojo, den una solución habitacional a los vecinos del asentamiento, cuyo reclamo de vivienda es justo, e impulsen el proyecto de urbanización aprobado por el barrio.