La orden de desalojo de más de 200 familias que hacía 3 años se habían instalado en las ex Bodegas Giol estaba cantada cuando el lunes se realizó una sentada que nucleó a un centenar de personas en Paraguay y Juan B. Justo. En la reunión que realizó posteriormente la Comisión de Defensa y Apoyo a Giol, nuestro partido propuso medidas de acción directa para impedir el desalojo, pero primó la idea de confiarse exclusivamente en la defensa jurídica. La comisión quedó en volver a reunirse el sábado…

Al día siguiente, 400 policías y gendarmes, con caballos, tanquetas, helicópteros y perros, iniciaron, dirigidos por la Supersecretaría de Antonietti, el desalojo de las Bodegas. Estaban acompañados por un ejército de “asistentes sociales” de la policía y el municipio, que amedrentaban a los vecinos. Una madre declaró que “nos vamos porque tenemos miedo a que nos golpeen,  que nos maten a una criatura” (Página 12, 5/10).

El pacto del “orden”

En las últimas semanas también fueron expulsados los vendedores ambulantes del Once, mientras se desarrolla una política de desalojo de las llamadas “casas ocupadas”. Uno de los que más impulsa esta política es el diputado radical delarruista Rafael Pascual, del Comité Capital de la UCR. Ha presentado un proyecto de ley que reemplaza la figura de “usurpación” por la de “intrusión”, para facilitar el desalojo automático. Pascual reconoció que con su proyecto “podrían quedar en la calle en pocos días unas 150.000 personas de la Capital Federal que … viven en viviendas ocupadas” (Página 12, 12/6/94). Además se podrían aplicar penas de cárcel de un mes a un año a los acusados. “El ánimo del proyecto es el de defender la propiedad privada, por un lado y, por el otro, la confianza en que el carácter ejemplificador de la norma disuada en el futuro” (ídem).

Aunque para Pascual existiría un enfrentamiento entre dos derechos constitucionales, el del acceso a una vivienda digna y el de defensa de la propiedad privada, éste es más importante. Es una “guerra entre pobres”, dice Pascual (El Cronista, 26/9), entre “propietarios despojados de sus casas y ocupantes desvalidos, los primeros siempre dueños de casas modestas en barrios modestos”.

Pero esto no es cierto en el caso de las Bodegas Giol, cuyos “propietarios” o “concesionarios” son los “privatizadores” que han confiscado en su beneficio el patrimonio público, y que ahora pretenden hacer fabulosos negociados inmobiliarios en zonas de alta cotización de los terrenos.

Los altos alquileres son los responsables del creciente desarrollo de las villas y de las ocupaciones de tierras y casas. El pueblo explotado no se resigna y busca resolver por la acción directa más elemental su derecho al techo.

El gobierno invierte millonadas en negocios inmobiliarios especulativos (Puerto Madero, Plan Retiro —que implica la erradicación de la Villa 31—, Ciudad Judicial, etc.), que llenan los bolsillos de inmobiliarias, constructoras (Macri, Techint, Roggio, etc.), mientras el drama de la vivienda obrera se multiplica. Sólo en la Capital hay más de 150.000 viviendas desocupadas, que se mantienen así por años, para la especulación.

De los vecinos de Giol, sólo 50 familias obtuvieron un alojamiento temporario por 30 días, el resto fue echado a la calle.

El PO llama a organizar la solidaridad obrera y popular con estas familias, organizando una movilización para que el Municipio les dé alojamiento inmediato a todos. Y reclamar el cese de desalojos, la abolición de la Supersecretaría represora, el retiro del proyecto de don Pascual y la efectivización de una reforma urbana inmediata. Todo edificio desocupado debe ser expropiado y entregado a familias sin techo para que lo paguen en cuotas mensuales que no superen un 10% del ingreso del jefe de familia. Las villas deben ser radicadas, urbanizándolas a cargo del Estado.