Los ministros de producción Dante Sica y de desarrollo social Carolina Stanley se habrían comprometido en una reunión con la CGT que tuvo lugar ayer a la asignación de un bono de $5000 para trabajadores del sector privado –semejante al que recibieron hace algunos meses los trabajadores del sector público- y a un reforzamiento de la asistencia alimentaria, cuyos detalles se ultimarían en cuanto se conozca el índice inflacionario de agosto.

Lo primero que hay que decir del bono es que está pensado en oposición a una reapertura de las paritarias. Esta posibilidad fue explícitamente descartada por los ministros en la reunión.

Al mismo tiempo, no contemplaría a estatales, beneficiarios de planes sociales, jubilados ni pensionados. Se discute, además, la posibilidad de que se abone en cuotas, en nombre de hacerlo digerible para las pymes y empresas en crisis. Y también podrían quedar fuera “los rubros con paritarias ya ajustadas automáticamente por la inflación” (Clarín, 10/9).

El bono es simplemente un paliativo frente al mazazo devaluatorio posterior a las Paso, que terminó de pulverizar los salarios.  

En cuanto a la asistencia alimentaria, algunos medios hablan sobre la posibilidad de una ayuda de ese tipo para afiliados de los sindicatos más afectados por los despidos (Uocra, UOM) que hayan quedado desocupados, aunque la medida se restringiría a los cesanteados durante los últimos meses o apenas este último mes y no queda claro cómo se aplicaría. En tanto, los sindicatos “pusieron a disposición la territorialidad de los gremios para canalizar asistencia” (Clarín, 10/9). Aquí la burocracia, que siempre rechazó la organización de los desocupados, y carece de un planteo de conjunto (como el reparto de horas sin afectar el salario), ensaya una respuesta asistencial como reacción ante el desarrollo de las organizaciones sociales y de desocupados, que han ganado las calles estas semanas, como lo mostró el acampe de 30 mil piqueteros frente a Desarrollo Social.

El gobierno, jaqueado por la bancarrota económica, viene ensayando distintas medidas ultralimitadas (como la eliminación del IVA en algunos productos básicos) para tratar de contener la presión social tras la devaluación posterior a las Paso. En esa labor, cuenta con el apoyo de la burocracia (“la CGT tiene ánimo conciliador", celebró Stanley tras la reunión) y de la Iglesia, “que está intermediando para evitar desbordes”, según informa La Nación (10/9).

La política de acuerdos con la burocracia para la contención del movimiento obrero ante la crisis es la que ya prepara Alberto Fernández para su gobierno. Como ensayo de su “pacto social”, que apunta a mantener a raya al salario y los trabajadores, realizará una cena mañana en la sede de la capital tucumana de la Unión Industrial, en la que participará su titular, Miguel Acevedo, y estaría presente el dirigente de la CGT, Héctor Daer.

En oposición al gobierno hambreador y la política de tregua de la burocracia sindical, planteamos la reapertura de paritarias, prohibición de despidos, ocupación de toda empresa que cierre o despida masivamente, seguro al desocupado, apertura de los programas sociales y aumento de los montos de acuerdo a la inflación, ampliación del monto de asistencia a los comedores, paro activo de 36 horas como inicio de un plan de lucha hacia la huelga general.