En el día de ayer se conoció vía un comunicado de gobierno la venta del Ingenio La Esperanza al grupo empresarial Omega Energy. Los obreros del ingenio se enteraron por el comunicado y al acercarse a la empresa fueron notificados de la siguiente situación: que el Grupo Omega pretende mantener sólo 600 trabajadores. La propuesta del gobierno incluye la jubilación para 173 operarios y la desvinculación de 300 operarios más, que pasarían a la administración pública.

Todavía no se conoce en detalle los términos de la venta pero ya se anunció de manera oficial que el grupo se queda con el ingenio y con las 70 mil hectáreas que posee, por U$S85 millones de dólares; y anunció un plan de inversiones por U$S 350 millones. En una propuesta que elevó el grupo hace unos meses, planteaba que la inversión sería vía créditos del Banco Nación y bajo compromiso de parte del Estado de un aumento del cupo de venta de bioetanol para combustible. Estamos frente a un negocio redondo, donde la empresa invierte con un crédito y se asegura la venta de la totalidad de la producción.

Si sólo se toma en cuenta la superficie que adquiere el grupo empresario por la compra, termina pagando U$S1214 dólares la hectárea, una verdadera ganga en una región muy productiva.

El gobierno quiere desprenderse de los trabajadores (del ingenio)

El gobierno provincial se excusa de que no puede seguir sosteniendo los salarios de los obreros, pero no ha abierto los libros de las zafras 2016 y 2017 para saber cuánto ha generado el ingenio, en el marco de una fuerte reactivación del sector azucarero y sus derivados.

La propuesta del gobierno para los obreros es completamente extorsiva: jubilar a 173 operarios de mayor edad, y el pase a la administración pública de 300 trabajadores. En caso de no aceptar el pase al Estado, el gobierno ofrece como “indemnización” la insignificante suma de $120 mil pesos, o la entrega de una solución habitacional. La amenaza desde casa de gobierno es que de no aceptarse este acuerdo, se decreta la quiebra y todos los trabajadores quedarán en la calle.

El gobierno sostuvo desde principios de año que había que reducir el personal, aun cuando no había grupo inversor firme. Solo el paro y la movilización popular detuvieron este avance y el gobierno se comprometió a mantener la planta de trabajadores durante la zafra 2017.

Este ataque a los obreros de La Esperanza tendrá repercusión en todo el sector: se pretenden eliminar puestos de trabajo genuino de una industria reactivada, con una carga mayor de tareas sobre las espaldas de los obreros que van a quedar en planta. Son medidas de ajuste y apuntan a la flexibilización laboral, que amenaza con expandirse a otros ingenios.

El gobierno no está solo en el ataque a los trabajadores

El gobierno provincial ha podido avanzar en estas medidas con la complicidad de todo el arco político tradicional. El año pasado todos los bloques políticos en la legislatura votaron la Ley N° 5929 de “Emergencia económica, social y productiva en el departamento San Pedro”, que habilita al Ejecutivo a disponer libremente del ingenio y de sus activos, incluidos los propios trabajadores.

El Partido Obrero rechaza este brutal ataque contra los trabajadores de La Esperanza y lo enmarca en el cuadro de ajuste y de la implementación de la reforma laboral y previsional que quiere llevar adelante el gobierno nacional. Esto lo vimos recientemente en el conflicto de Ledesma, donde la patronal ha cerrado un acuerdo paritario por debajo de lo acordado en el sector, y forzado medidas de flexibilización laboral y de desconocimiento del convenio colectivo de trabajo, como son los contratos individuales.

El Partido Obrero plantea la apertura de los libros de la empresa y el control obrero de las cuentas y la producción, la continuidad de todos los puestos de trabajo y la derogación de la ley 5929/16 que habilita los despidos. La responsabilidad del vaciamiento es de los empresarios y los gobiernos de turno, no de los trabajadores.