La “gran prensa” le dedicó al desalojo de Brukman notas de opinión y hasta editoriales, para anunciar el comienzo de una ofensiva en regla contra el conjunto de las fábricas ocupadas. Ambito Financiero aludió a la “política cómplice” de la Legislatura porteña, por sus “leyes de expropiación” (22/4). En el mismo sentido, La Nación denunció que “Chilavert, Ghelco, Grissines Savio y Gráfica Valero fueron entregadas a los trabajadores a pesar de tener dueño”, advirtiendo entonces que “la última palabra la tenía la justicia, que podría reintegrar las fábricas a sus propietarios” (22/4). De este modo, la burguesía clama para que se aplique a las fábricas recuperadas porteñas la “línea” de Sasetru, donde un juez federal pasó por encima de la decisión del Concejo Deliberante de Avellaneda y devolvió la planta abandonada a sus patrones.

Estamos, por lo tanto, ante un ataque contra todas las fábricas recuperadas que pretende ser disimulado. Responsabilizando de la crisis del conflicto de Brukman, de su desalojo y hasta de la propia represión… a sus trabajadores. Según esta “tesis”, no son el Estado capitalista ni sus políticos los culpables de la ausencia de salidas, sino la “intransigencia” de los trabajadores de Brukman, que habrían rechazado una y otra vez las “soluciones aportadas por el poder político”.

¿Cuál es la verdadera historia?

 

El proyecto de Altamira

En marzo de 2002, Altamira presentó en la Legislatura un proyecto de ley para que el Estado expropie la planta y asegure su puesta en marcha bajo control obrero. Los diputados de los partidos patronales se opusieron y propusieron, en cambio, que se declarasen “sujetos a expropiación” el inmueble y las máquin as para luego cedérselas en “comodato” a los trabajadores. En estos términos, los propietarios de la fábrica – o sus acreedores – serían resarcidos por el Estado con una suma insospechada, que jamás percibirían a través del concurso y posterior quiebra.

De todos modos, estos opositores al proyecto de Altamira nunca se tomaron el trabajo de proponer enmiendas o, incluso, un proyecto alternativo. En cambio, a partir de esta oposición, el PO estableció la posibilidad de un compromiso legislativo, que respetara reivindicaciones fundamentales de los trabajadores: “1) La expropiación no debe constituir un salvataje para los capitalistas vaciadores. Los recursos estatales deben dedicarse no a financiar negociados, sino a subsidiar a la futura gestión obrera. 2) La expropiación debe efectivizarse a los 30 días de sancionada la ley. 3) Los trabajadores no pueden ni deben asumir las deudas capitalistas. Los vaciadores deben responder ante las deudas con sus bienes y patrimonio personal. 4) El Estado debe hacer de Brukman un proveedor privilegiado en toda su demanda… de materiales textiles para asegurar un destino a la producción de la fábrica bajo gestión obrera” (PO N° 762, 11/7/02).

 

Brukman y el Bloque Piquetero

El tema Brukman se reinstaló en la Legislatura en octubre de 2002, con motivo de un “piquetazo” resuelto por la Asamblea Nacional de Trabajadores. En esa oportunidad, los trabajadores irrumpieron masivamente en una reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, apoyados por el Bloque Piquetero Nacional. Los trabajadores de Brukman entregaron una carta a la Comisión que decía: “No estamos cerrados a alternativas intermedias, mientras seguimos buscando los caminos para profundizar nuestra lucha junto al conjunto de los trabajadores ocupados y desocupados, los asambleístas y las clases medias arruinadas, por una salida de fondo”. En ese petitorio, los compañeros reclamaron la expropiación sin pago de la fábrica, una garantía salarial por parte del Estado, un subsidio para ampliar la producción y la compra de la producción por parte del Estado. En ese cuadro, agregaron, estaban “dispuestos a discutir la forma legal con la cual organizarnos”. No es cierto, por lo tanto, que los obreros de Brukman tuvieran “una oposición ideológica a constituirse en cooperativa”, sino que alertaron, en todo momento, respecto al contenido que los proyectos legislativos votados hasta ese momento le deparaban a las cooperativas de fábricas recuperadas. Mientras, los capitalistas eran resarcidos por el Estado, éste no aseguraba a los obreros ni los derechos que tenían bajo la gestión patronal. “Bajo las condiciones que ustedes nos ofrecen – señaló una trabajadora de Brukman en una reunión de la Comisión de Desarrollo – no tendríamos salarios, no tendríamos obra social. Claro que ya estamos sin salario y sometidos a la feroz competencia de otros capitalistas de la indumentaria. Pero todo esto lo estamos soportando sin ninguna ley. ¿Qué salida nos ofrecen los legisladores respecto de nuestra situación actual?” (reproducido en Prensa Obrera N° 774, 3/10/02). Luego de esa intervención, Altamira señaló: “Si alguien, algún legislador, le reclamó a los compañeros de Brukman el contenido de una propuesta, ellos la acaban de hacer con toda claridad. Exigen la intervención estatal para asegurar una garantía salarial, una obra social y jubilación; en definitiva, todo lo que se ha negado en los proyectos tratados hasta ahora” (ídem).

En esta misma línea, y en la medida en que la amenaza judicial de desalojo se agravaba, el PO avanzó en la formulación de un proyecto de ley que contribuyera a defender la permanencia de los obreros en la planta: así, ante la negativa de los diputados patronales en asegurar una garantía salarial, defendimos que un subsidio no reintegrable sirviera para asegurarles un ingreso a los trabajadores.

 

La expropiación

A la luz de esta breve historia, queda claro que la versión de que los trabajadores de Brukman rechazaron cualquier compromiso, y aún la formación de una cooperativa, no es más que una macana sostenida desde dos vertientes. Una de ellas, es el gran capital que quiere impedir por todos los medios la salida de una ley de expropiación para Brukman. El otro “vocero” de esta versión es el Pts, que boicoteó por todos los medios esta orientación y hasta procuró abortarla cuando terminaba el año legislativo, cuando lanzó la versión de que “Ibarra estaba por la estatización” y que, por lo tanto, podíamos “esperar sentados” la salida de una ley piloteada por el propio oficialismo. Los desplantes del Pts fueron siempre “funcionales” a los legisladores y partidos empeñados en darle la espalda a Brukman.

En cambio, el bloque del PO ha reinstalado, en estos días, el debate por la expropiación de Brukman. En una reunión de asesores de la Comisión de Desarrollo hemos logrado un acuerdo para tratar un borrador de proyecto de expropiación que contemple los puntos tratados hasta fines del año pasado.

El ataque del régimen patronal a Brukman es una cabecera de playa contra todas las fábricas recuperadas. Pero la extraordinaria reacción popular desatada a partir del desalojo puede darle vuelta la taba a los desalojadores: la victoria de Brukman exige hoy de una acción integral para arrancarle al Estado la restitución definitiva de la fábrica a los trabajadores, a través de una ley de expropiación.