Sindicales

17/6/2004|855

Las Afjp en la guerra entre Kirchner y Duhalde

Pocas veces la estafa de la jubilación privada ha quedado tan expuesta como en estos días. Tenemos, por un lado, las denuncias de fraude contra varias Afjp grandes por el manejo de los fondos de sus afiliados, y por el otro, las pérdidas que sufrirán esos fondos (y por ende las jubilaciones), por el default de la deuda pública.


Dos mafias y las Afjp


El superintendente González Gaviola acaba de denunciar a “una Afjp grande que, con los aportes de los afiliados, realizaba operaciones de compra y venta de acciones, y al final del día, si lo que habían comprado subía de precio, los gerentes y empleados de la Afjp se quedaban con la diferencia. Y si bajaba, la pérdida se la transferían al fondo, o sea a sus afiliados” (Clarín, 12/6). En el caso de otra Afjp grande, “cuando la operación salía bien, la diferencia no iba a los gerentes o empleados sino que era para la Afjp, pero no para el fondo (de los afiliados) sino para la empresa” (ídem). En otro caso, se habrían realizado operaciones de “lavado de dinero”.


El superintendente había hecho estas denuncias en el marco de los enfrentamientos en el PJ. Varios de estos fraudes se cometieron entre 2000 y 2003, cuando la Superintendencia estuvo en manos de la Alianza, primero, y luego del duhaldismo. Los funcionarios, en lugar de investigar esos fraudes, habrían “pisado” los expedientes con las denuncias de la Comisión Nacional de Valores. Entre esas Afjp estaría Orígenes (La Voz del Interior, 14/6), que está en manos del banco español Santander y del Banco Provincia de Buenos Aires, duhaldista. Ministro de Economía en la presidencia de Duhalde, Remes Lenicov había sido presidente de Orígenes y, antes de esto, ministro de Economía durante la gobernación de Duhalde. Las denuncias habrían sido ventiladas por el kirchnerismo.


Confiscación de los aportes jubilatorios


Con relación a la negociación de la deuda pública, ya nadie discute que los trabajadores afiliados a las Afjp “tendrán una reducción en sus haberes” (Clarín, 5/6). “La magnitud de esa pérdida y a quiénes va a afectar dependerá de otra polémica decisión que deberá adoptar el Gobierno: cómo serán valuados los nuevos bonos, si a su precio de mercado al valor nominal de 1,40 pesos más CER, más el interés” (Clarín, ídem). Kirchner no es mejor que Duhalde.


Al momento del default, las Afjp tenían bonos del Estado por 14.000 millones de dólares. Esos bonos están ahora contabilizados a 2 pesos por dólar, o sea a 33 centavos menos de lo que valían en el 2001, pero que valen ahora, en el mercado, menos de 1 peso, o sea 66 centavos de dólar por abajo del 2001.


El canje de la deuda ofrecido por el gobierno establece un valor presente (o sea actual, si fueran vendidos para pagar las jubilaciones) del 30% del valor original. Es decir que los 14.000 millones de dólares se convertirían en 5.200 millones de dólares, una confiscación de 8.800 millones de dólares o 26.400 millones de pesos. Cada afiliado se jubilará, en principio, con un haber un 70% inferior al que resulta de la suma de sus aportes más los intereses que devengaron.


Todo esto, sin embargo, no afecta a los dueños de las Afjp, que ya se embolsaron las suculentas comisiones 1 a 1 por la ‘faena’ de invertir el dinero de los trabajadores en bonos que iban camino al “default”. Tampoco las afecta hacia el futuro porque seguirán cobrando esas comisiones. Por eso, los dueños de las Afjp aceptan esta confiscación. Lo único que les preocupa es cubrirse con un “paraguas legal”. “Para cubrir jurídicamente a las Afjp, el Gobierno necesitaría aprobar alguna norma especial o que la Corte Suprema declare la constitucionalidad de la pesificación. Ya que, en ese caso, no prosperarían las demandas judiciales que pudieran interponer algunos afiliados contra la aceptación del cambio de moneda” (Clarín, 9/6). La esencia de la crisis en la Corte Suprema no tiene que ver con una intención de fortalecer el respeto a los derechos humanos, sino con consumar la pesificación y la confiscación de aportistas a las Afjp (y de los ahorristas).


La trampa que representa la jubilación privada para los trabajadores se ha terminado de cerrar.


La derrota de esta confiscación pasa por las siguientes medidas:


1) Desconocer la deuda pública y romper con el FMI. Los recursos que se destinan a la usura internacional pasarían a aplicarse al fondo de jubilaciones, el cual se usaría para impulsar la inversión pública y el trabajo bajo el control de los trabajadores.


2) Reestatizar el sistema previsional, lo cual eliminaría la intermediación parasitaria, fradulenta y usurera de las Afjp.


3) Establecer un sistema previsional único estatal, bajo el control de los trabajadores.


4) El sistema funcionaría con aportes obligatorios de los patrones y garantizaría a los jubilados un haber mínimo de 700 pesos mensuales y el 82% móvil.


5) Fijar un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar y reacomodar toda la escala salarial.