Los compañeros de las fábricas recuperadas están sometidos a enormes condicionamientos. A la ausencia de capital de trabajo y a la incertidumbre respecto al cobro de los salarios, se une el desamparo en materia sindical, previsional y de cobertura médica.

Los sindicatos en manos de la burocracia desconocen a las fábricas bajo gestión obrera. No las reconocen como afiliadas y, en esa medida, los trabajadores no tienen acceso a sus beneficios y a la obra social.

La legislación vigente, además, perjudica a los trabajadores asociados a cooperativas porque los toma como trabajadores “autónomos” sujetos al régimen de monotributo. Esto constituye un gran atropello pues, en carácter de monotributistas, los trabajadores carecen de jubilación. La cuota mensual que se paga por ese tributo excluye el beneficio de la jubilación, lo que lo obliga a un pago adicional de carácter voluntario. Pero aun haciendo este pago “voluntario”, los beneficios de los trabajadores autónomos son inferiores a los que se encuentran en relación de dependencia.

Como resultado de luchas y reclamos, la Afip-DGI autorizó a aquellos trabajadores a quienes les estuviera faltando poco tiempo para jubilarse, a continuar realizando sus aportes y permitir que se retiren con los mismos beneficios que cualquier otro trabajador en relación de dependencia.

La inquietud de las fábricas ocupadas no ha pasado inadvertida en las esferas oficiales. Por lo pronto, el Inae (instituto que centraliza a las cooperativas) tiene en preparación un proyecto que otorgaría a los trabajadores cooperativizados los mismos beneficios que a los que están en relación de dependencia.

El trabajador, bajo el régimen de monotributo tiene derecho a una obra social, pero con una cobertura inferior. En primer lugar, porque las prestaciones son menores y, además, porque la elección de obra social está circunscripta a una cartilla más restringida de entidades. Para tener derecho a un servicio superior hay que pagar adicionales.

Existen antecedentes, sin embargo, como el caso del gremio gráfico, en que reconocieron a los trabajadores de las cooperativas como afiliados en iguales condiciones que el resto de los trabajadores asociados.

Del panorama expuesto, se desprende una plataforma de lucha común para todas las fábricas ocupadas y bajo gestión obrera:

• Derecho a afiliarse libremente a los sindicatos, en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores.

• Reconocimiento de la obra social del sindicato, con la misma cobertura y prestaciones que el resto de los asociados.

• Respeto del convenio y garantía salarial por parte del Estado, quien debe asegurar por medio de un fondo compensador que los trabajadores bajo gestión obrera cobren mensualmente, al menos, el piso fijado por el convenio.

• Acceso a la jubilación, en las mismas condiciones y con los mismos beneficios que los trabajadores del gremio.

Existen iniciativas para armar una atención médica mediante una suerte de obra social de las fábricas recuperadas. Estas iniciativas, totalmente legítimas para paliar transitoriamente la situación de los compañeros, no pueden reemplazar la lucha por este programa. Sería equivocado transformar en un “ghetto” a las fábricas recuperadas, conducta que terminaría por aislar la lucha planteada ÿque es, en definitiva, a lo que aspira la burocraciaÿ; por el contrario, hay que luchar para fusionar a los trabajadores de las empresas ocupadas con el conjunto de los trabajadores del gremio. Es necesario ganar un lugar en los sindicatos y salir a disputarle a la burocracia sindical ese terreno.