El 25 de octubre la Legislatura Porteña aprobó por unanimidad la ley que establece la ampliación de licencias para los docentes, municipales, trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad, de la CABA.

La ley aprobada contempla una ampliación de días de la licencia por violencia de género, acrecentamiento de días de adopción, licencia por trámites de adopción, un día por estudios ginecológicos y prostáticos, licencia por tratamiento de fertilización, transferencia de días por nacimiento de la persona gestante al progenitor no gestante, reconocimiento de horas por adaptación escolar de hijos, reconocimiento de horas por actos escolares de hijos y licencia por hijos con necesidades especiales.

Si bien la ley en general plantea ampliaciones en los regímenes de licencias, tales como los proyectos presentados por el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores- Partido Obrero en relación a la licencia por violencia de género para las docentes con derecho al traslado del cargo (no reconocido, así como días por tratamiento de fertilización asistida y días para trámites de adopción), se observa que el gobierno y los bloques mayoritarios hicieron una distribución desigual de la “ampliación de licencias” según el gremio: por caso la licencia opcional de 30 días para los progenitores no gestantes del sector docente, no se le reconoce a los municipales; o al régimen de licencias de los trabajadores municipales se incorpora el reconocimiento de licencia por hijos con necesidades especiales, mientras que al sector docente esto no, y si bien ahora la licencia por violencia de género para las docentes podrá ser extendida, no se reconoce el derecho al traslado en el caso que la situación lo requiera. 

No debemos olvidar, sin embargo, que el nuevo régimen será aplicado en sectores donde el recorte presupuestario y la modificación de las carreras profesionales plantea el cese de cientos de trabajadores. En medio de una situación acuciante para los sectores de salud, educación y municipales, donde el GCBA intenta cerrar hospitales, institutos de formación docente, programas educativos, y subsume a los trabajadores de estos gremios en salarios de miseria alejados totalmente de una inflación que supera el 40% y que ha deteriorado las condiciones materiales de vida.

El Ejecutivo intenta autoblanquearse con una agenda que proviene de los reclamos históricos de estos sectores y del movimiento de mujeres. Es el mismo que se opuso a la sanción de la ley de aborto legal y habilitó el lobby clerical en todas las instancias (y en particular entre sus diputados y senadores) en defensa del aborto clandestino que sigue cobrándose la vida principalmente de las mujeres trabajadoras. Notorio que, frente a esta realidad, un proyecto de “igualdad de oportunidades”, licencias laborales, etc., ni mencione la problemática del aborto clandestino.

Las y los trabajadores no nos dejamos engañar: frente al plan de guerra declarado desde el gobierno nacional y provinciales en pacto con el FMI, contra el conjunto de la clase obrera que ve el deterioro de las condiciones de vida materiales y simbólicas de las familias obreras, debemos tomar esta ley como un punto de apoyo organizativo para defender los puestos de trabajo, el salario igual al costo de la canasta familiar, los convenios colectivos de trabajo frente al intento de reforma laboral y debe constituirse en un impulso en la lucha por la Educación Sexual Laica y Científica y la conquista del aborto legal, seguro y gratuito.