Con una importante participación de trabajadoras ocupadas y desocupadas de todo el país, el 10/04 se llevó adelante de forma virtual la Comisión de Mujeres Trabajadoras del Plenario de la Coordinadora Sindical Clasista.

El informe inicial estuvo a cargo de Amanda Martin, dirigente de Tribuna Docente y secretaria gremial del sindicato Ademys, quien describió cómo la actual crisis sanitaria y económica golpea en particular a las mujeres trabajadoras ocupadas y desocupadas. El ajuste del gobierno, hoja de ruta del pacto con el FMI, afecta de forma particular a las mujeres ya que se desempeñan en los trabajos más precarios, son las más pobres y cargan históricamente con el cuidado de familiares e hijxs. En ese contexto, la creación de un Ministerio de la Mujer no ha traído avances alguno en materia de derechos. La conquista del aborto legal seguro y gratuito con el método del frente único, la movilización en las calles y la organización independiente, marca el camino para conquistar todas nuestras reivindicaciones.

La comisión contó con la presencia de delegadas y activistas de diferentes gremios docentes, bancarias, estatales, trabajadoras de casas particulares de diferentes puntos del país, telefónicas, salud, judiciales, no docentes, televisión, del pescado de Bahía Blanca, vitivinícolas, entre otras.

Muchas de sus intervenciones se concentraron en la necesidad de apoyar a fondo las luchas en curso, la reapertura de paritarias, el aumento de emergencia y un plus por teletrabajo. También aparecieron de forma recurrente problemáticas como la necesidad de dispensas por cuidado de hijx y familiar de riesgo sin afectar el salario en todos los gremios junto con otras licencias especiales, día femenino, formación y capacitación en servicio en horario de trabajo, jardines infantiles en los lugares de trabajo, etc.

En particular, se destacaron las denuncias por situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral y se puso de relieve el rol central que juega la creciente precarización como condición de posibilidad para que las trabajadoras sufran esas situaciones y se garantice la impunidad. Participó de la comisión Melina Fernández quien lucha hace 9 años por justicia luego de sufrir el despido por denunciar acoso sexual y violencia laboral en el Enacom y trajo tambien la campaña por la reincorporación de Vanesa Segovia.

La persecución a las delegadas y dirigentes sindicales es moneda corriente en los ámbitos laborales, como el caso de nuestra compañera Soledad Sosa trabajadora judicial de Mendoza, dirigente sindical opositora secretaria de la CTA Autónoma y diputada del FIT. La corte suprema busca iniciar un sumario luego de que ella denunciara hostigamiento laboral y persecución ideológica por parte de su jefe y la sección de recursos humanos.

Una de las resoluciones de la comisión es llevar adelante una campaña nacional por el fin del hostigamiento y persecución laboral, en defensa de la libertad sindical y el derecho de las trabajadoras a organizarse. Saludamos en particular la presencia en la comisión de una compañera de nuestra agrupación Tribuna Estatal que ha conquistado uno de los primeros fallos judiciales contra un jefe por acoso. Una de las resoluciones de la comisión fue agitar en todo los gremios estatales este triunfo denunciando que funcionarixs y burocracia sindical, utilizan la comisión que debe recibir las denuncias (CIOT) para contener y cajonear las denuncias. Esto pone de relieve que la aprobación de protocolos y licencias por violencias de género durante los últimos años solo funcionan como recursos demagógicos sin efectos reales si no somos las propias trabajadoras las que nos organizamos de forma independiente, impulsando comisiones de mujeres en todos los lugares de trabajo, para luchar por superar esas situaciones.

Una trabajadora del pescado de Bahía Blanca, Marcela, relató la precariedad absoluta en la que trabajan en la industria y la esforzada tarea que representa la limpieza del camarón, que es la tarea concreta por la que hoy está contratada. Las compañeras bancarias intervinieron denunciando también la precarización que atraviesa su gremio, sobre todo para las trabajadoras de limpieza y call center. También describió los enormes límites de los cursos de género que se dictan por la Ley Micaela en bancarios, mientras los casos de violencia se siguen repitiendo con una “gerencia de género” bajo la dirección de la burocracia que solo sirve para contener el malestar y perpetuar las situaciones de violencia.

Las trabajadoras de la salud también tuvieron intervenciones destacadas en la comisión, denunciando la falta de medidas concretas del gobierno para afrontar la Segunda Ola de Covid. Las enfermeras, médicas, prestadoras y demás trabajadoras de salud cargan sobre sus espaldas la atención colapsada en hospitales sin recursos, con paritarias a la baja y un bono de miseria. La comisión votó como resolución sumarse a la Campaña por la reapertura de la Clínica San Andrés y la intervención y declaración de utilidad pública del laboratorio Mabxience para la inmediata vacunación popular.

En relación a la salud de las trabajadoras, se destacó también la intervención de compañeras de Salta denunciando que las obras sociales no se hacen cargo de garantizar el acceso al aborto legal. Todas las clínicas utilizan el recurso de que sus médicos se declaren objetores de conciencia para derribar la práctica a los hospitales. Lo mismo sucede en la mayoría de los hospitales públicos del interior de la provincia, derivándose todo a los hospitales de la capital que se encuentran saturados.

En particular fue importante la participación de luchadoras de las barriadas más pobres. Las vimos participando organizadas en espacios comunes con protocolos para superar la falta de acceso a la conectividad.

Muchas de ellas trabajadoras desocupadas y precarizadas que han venido protagonizando las movilizaciones y luchas más importantes de esta etapa. Intervinieron colocando las necesidades urgentes de las mujeres en los piquetes y tomas de tierra por vivienda, acceso a la educación de sus hijxs, comida para los comedores, apertura de planes, acceso al trabajo y aumento del salario mínimo. Durante la pandemia, la precarización y la desocupación han aumentado sin medidas concretas del gobierno que no sean papel pintado, la pobreza se ha recrudecido aún más con con la eliminación del restringido IFE y las jubilaciones y AUH que han quedado muy por debajo del aumento de la inflación. La situación de marginalidad en particular de la comunidad trans también estuvo presente y su lucha por el cupo laboral. Las compañeras bancarias denunciaron que allí donde existe el cupo no se cumple porque exigen capacitaciones que la mayoría no tiene.

Las compañeras de las barriadas obreras relataron además como suceden una y otra vez los casos de violencia y cómo se organizan y luchan contra las trabas burocráticas y la inacción en las comisaría y la justicia para que cada caso no termine en otro femicidio como sucedió con Úrsula, nuestra compañera de Polo Obrero. También colocaron la exigencia al Estado de ayuda económica y acceso a la vivienda para poder salir de las situaciones de violencia y la apertura de centros integrales de asistencia en los barrios con profesionales a cargo con salarios dignos. Las compañeras de asambleas del Polo Obrero de La Matanza señalaron de forma integral todos los problemas que se padecen, desde la violencia doméstica hasta la lucha por cuestiones medioambientales.

Una de las iniciativas que más se destacaron en la comisión fue la puesta en pie de la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares, protagonizando 5 movilizaciones bajo la pandemia y arrancando la última reunión del Consejo de Salario Mínimo y de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares del Ministerio de Trabajo. Una de las resoluciones de la comisión fue impulsar la agrupación en todo el país y convocar a marchar el 15/4 al ministerio de trabajo para reclamar un aumento de emergencia (hoy con un salario por debajo de la canasta de pobreza de $22.000), subsidio de $30.000 a las desocupadas, protocolos de trabajo, blanqueo y vacunación para todas.

El cierre de la comisión estuvo a cargo de Vanina Biasi, delegada general de la comisión interna de la Facultad de Sociales de la UBA (Apuba-CGT). Destacó que todas las intervenciones fueron muy ricas en dar cuenta de forma testimonial de la situación de la mujer trabajadora en los diferentes gremios y en las barriadas obreras. Planteó que este plenario de la Coordinadora Sindical Clasista sesiona en un periodo donde el el gobierno, marcado por la agenda del FMI, no tienen ni una sola medida progresista para ofrecerles a las mujeres trabajadoras.

Vimos a la burocracia aprovecharse de la Ola Verde para colocar medidas cosméticas como los cursos, protocolos y licencias por violencia que luego fueron papel mojado, mientras firmaban las paritarias a la baja y la precarización que perpetúa la violencia. Las resoluciones de esta comisión tienen que colocarse como hoja de ruta para impulsar la organización y lucha de las mujeres trabajadoras ocupadas y desocupadas en todo el país para superar la contención de la burocracia sindical y las organizaciones oficialistas y abrir un curso de acción independiente por todas nuestras reivindicaciones.