13/08/1998 | 596

Las patronales tienen responsabilidad penal en la muerte de los obreros

El montacargas de la obra de Alem y Córdoba, cuya caída provocó la muerte de 6 trabajadores de la construcción, no tenía habilitación municipal, estaba mal colocado «y no tenía el foso de cobertura de protección y el resorte en el hueco que amortigua cualquier caída. Entonces, al desplomarse pegó directamente contra el cemento. Si hubiese tenido ese resorte, posiblemente el accidente no hubiera sido fatal» (Clarín, 8/8).


De esta manera el Superintendente de Riesgos de Trabajo, Reinaldo Castro, reconoció que en la torre de Alem y Córdoba no gobernó la fatalidad sino la responsabilidad patronal.


Claro que también hay otros responsables. La Municipalidad, que no inspeccionó la obra. La ART, que sí la inspeccionó pero no abrió la boca, a pesar de que el montacargas no estaba habilitado. La Superintendencia, que no controló a la ART ni la obra.


Toda una cadena patronal tiene las huellas digitales estampadas en la muerte de esos trabajadores.


Tan es así, que los presidentes de las cámaras que agrupan a las ART no tuvieron más que admitir que «el 97% de los empleadores no cumple con las normas de seguridad e higiene. ¿Qué hacemos? ¿Clausuramos preventivamente a todas las empresas del país? (Clarín, 7/8).


Con esto las ART pretendieron explicar por qué es inevitable que mueran 5 obreros por día en accidentes de trabajo; las cinco muertes diarias y los 30.000 accidentados mensuales serían el precio inevitable que habría que pagar para que no se paralice el país. A nadie se le ocurrió señalar que estos crímenes al por mayor constituyen una prueba adicional de la incapacidad de la clase capitalista para dirigir el país, o dicho de mejor manera, la prueba del agotamiento del régimen social capitalista.


La preocupación patronal pasa ahora por evitar que la seguidilla de accidentados graves y fatales no vuelva a conmocionar el país y que eso lleve a pudrir el negocio de las ART. Como consecuencia de una intensa movilización obrera la Superintendencia se vio forzada a clausurar la obra del Mercado de Abasto y de Carrefour, y hasta estaría preparada para cerrar varias obras más. Pero a no engañarse: lo hace para lavar su responsabilidad y para preparar un cambio menor meramente ‘cosmético’ en la ley de riesgos de trabajo.


Una ley que, recordemos, paga indemnizaciones y rentas miserables de menos de 100 pesos por mes a las mujeres de los compañeros muertos y prohibe a los trabajadores accidentados y a sus familiares llevar a la justicia penal a las patronales por la responsabilidad que pudiera corresponderles.


Por todo esto, el Partido Obrero plantea:


  • La derogación de la ley de riesgos de trabajo y de toda la legislación flexibilizadora.
  • Aumento del salario. Por un básico de 1.000 pesos mensuales. Jornada de 8 horas.
  • Control obrero de la producción, de la seguridad industrial y de los ritmos de trabajo.
  • Pensión igual a la canasta familiar para los trabajadores damnificados y sus familias.

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