En las últimas horas se han conocido más detalles sobre el borrador del decreto del bono extraordinario.

El bono antiparitarias, que se cobrará por única vez y muy probablemente no sea obligatorio y que ya aceptó y apoya la CGT -aunque ni siquiera se ha terminado de redactar-, es una enorme entrega por parte de la burocracia, no solo porque no compensa ni de lejos el golpe inflacionario que tritura los salarios, sino porque supone el abandono de un reclamo conjunto por la reapertura de las paritarias.

Pero, además, se trata de un plus que, pasado el mes de cobro, no supondrá ningún incremento en los ingresos y tampoco se computará para el cálculo del aguinaldo, las horas extras o cualquier ítem que cobre el trabajador.

Está claramente planteado que el bono alcanzará solo a los trabajadores registrados, es decir que quedan afuera los que están en negro, es decir aproximadamente la tercera parte de la fuerza de trabajo de todo el país.

Tampoco alcanzará a los trabajadores rurales ni a las trabajadoras domésticas, ni estarán incluidos los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal en los alcances del decreto. 

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Respecto de los nacionales, el gobierno abrió una negociación con la burocracia de UPCN y las características y monto a abonar aún están en estudio aunque trascendió que podría alcanzar a los $3000. Los provinciales y municipales dependerán de su propia lucha para lograr una reapertura de las paritarias e incluso para la obtención de un bono.

Y, respecto de “actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”, se plantea que las partes signatarias del convenio “podrán adecuar la implementación (del bono) en materia de plazos y montos” (Pag12, 9/11). Es decir que, además, los $5000 son un techo, no un piso.

El ministro de la Producción, Dante Sica, aclaró que el gobierno ni piensa en un aumento para los haberes de los jubilados porque, dijo, “tienen un sistema de actualización”, cuando el aumento por ese “sistema” hizo que, desde septiembre del año pasado hasta octubre último, la “recomposición” de las jubilaciones alcanzara el 19,2%, mientras que la inflación de estos trece meses llegó al 48 por ciento y recién volverán a tener un nuevo aumento en diciembre.

Apuntando a presionar por la no obligatoriedad, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción dijo que muchas empresas no van a poder pagarlo. En el mismo sentido se pronunciaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien planteó que “no es el gobierno el que determina la obligatoriedad de ese pago” y el mismo Sica, quien aclaró que “la obligatoriedad es algo que se está trabajando. Es parte de la negociación”.

Despidos

El acuerdo de los burócratas cegetistas con los empresarios y el gobierno vinculado con los despidos que se extienden por todas las ramas de actividad, es de un nivel de cinismo sin límites.

En el decreto se establece que –desde ahora y hasta el 31 de marzo próximo- las empresas deberán anticipar al Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría de Trabajo, con diez días de antelación, la decisión de despedir y el devaluado organismo que preside Jorge Triaca, puede convocar a audiencias “para considerar las condiciones de la futura extinción” del contrato laboral.

Es decir que los despidos no se detienen ni se los limita sino que Trabajo “controla” que lleven a cabo “como corresponde”. Además, estarán exceptuados de la obligación de informar las empresas del sector de la construcción, uno de los que están siendo fuertemente golpeados por la retracción de la obra pública y la caída en la actividad privada del sector.

Paritarias

La burocracia cegetista pretende dar así un golpe definitivo a cualquier reclamo general de reapertura de las paritarias, cuando el propio Héctor Daer reconoció ayer que gremios que representan al 76% de los trabajadores aún no han podido reabrir las negociaciones, si es que se lo han propuesto.

Por el lado de la burocracia que posa de opositora, el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, dirigente del Frente Sindical para el Modelo Nacional, donde convive con el moyanismo y Ricardo Pignanelli, del Smata, dijo que “es un error levantar un paro por un bono que no paga nadie”. Y agregó que los reclamos que impulsaron el último paro de la CGT de septiembre pasado siguen vigentes, pero se cuidó de plantear la necesaria pelea por la reapertura de las paritarias.

La decrépita burocracia sindical de todos los colores es un bloqueo central para la lucha de los trabajadores. Es necesario superarla para poder derrotar el plan de barbarie que quieren imponer a la clase obrera y a los demás sectores explotados el FMI, el gobierno nacional y los gobernadores.

El clasismo tiene por delante la batalla por imponer un congreso de bases que organice un paro nacional activo de 36 horas como inicio de un plan de lucha para terminar con el plan de hambre y miseria e imponer una salida de los trabajadores.