10/08/2000 | 676

Ley contra el empleo público

El reglamento de la Legislatura de la Ciudad sancionado cuatro años atrás dispone que las sesiones plenarias no pueden prolongarse más allá de las nueve de la noche, esto para evitar las «prácticas» del «viejo» Concejo Deliberante, que aprobaba sus corruptelas de madrugada. Pero fue éste precisamente el «método» utilizado por la Legislatura con mayoría aliancista para sancionar el nuevo Código Urbano, la Corporación del Sur y, finalmente, la Ley de Empleo Público.


En setiembre del año pasado, la bancada porteña de la Alianza dio a conocer su proyecto de Ley de Empleo Público, que condiciona la estabilidad laboral a un «régimen de evaluaciones anuales de desempeño a ser realizadas por la autoridad competente», es decir por los funcionarios políticos de turno.


Para los empleados calificados negativamente, se dispone un «régimen de disponibilidad»; es decir, el camino a la cesantía. También se instituye un período de prueba de doce meses y un régimen de movilidad funcional (es decir de flexibilidad laboral) y de escalas salariales sujetas a «productividad».


Aunque la dirección de Sutecba (sindicato municipal) venía oponiéndose a este proyecto, a último momento «consensuó» con Ibarra, sin molestarse en informar a sus afiliados. La contrapartida de este acuerdo es otra ley, que dispone el «saneamiento financiero» de la Obra Social municipal y asegura a Sutecba una participación decisiva en su futura conducción.


Mientras tanto, Enrique Rodríguez, el ex secretario de Trabajo menemista y actual legislador de Beliz, anunciaba su voto afirmativo a la ley Ibarra-Datarmini.


En la tarde del viernes 28 de julio, el Partido Obrero de la Capital se movilizó sobre la Legislatura, denunciando en un volante el contubernio legislativo contra los trabajadores de la Ciudad.

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