Bajo eufemismos como "modernizar el Estado", "jerarquizar la carrera", "desburocratizar la administración" y "darle transparencia a la gestión", el gobierno pretende atacar el convenio colectivo de los estatales, por un lado, y por otro institucionalizar la planta de funcionarios y ñoquis que ingresaron desde diciembre de 2015.

 

Hay que destacar que la propuesta de ley surge luego del pacto fiscal con todos los gobernadores, desde Alicia Kirchner hasta Gerardo Morales; Macri pretende que las provincias repliquen la ley nacional en sus distritos.

 

De lo que realmente se trata es de tener una coartada para justificar la ola de despidos del próximo período. Los informes de "Dotaciones Óptimas" plantean una masacre de por lo menos 20.000 puestos de trabajo.

 

Pero no es sólo eso. El proyecto trae aparejado una serie de ataques sobre las condiciones de trabajo de los estatales, enmascarados por la terminología oficial. Así, el planteo de “que los ascensos sean por mérito” encubre que nuestro convenio ya contempla promociones a partir de evaluaciones y cursos de capacitación, y que es el propio macrismo quien las viene retrasando desde el propio inicio de su gestión, golpeando el salario de miles de trabajadores. La insistencia oficial sobre el punto preanuncia nuevos bloqueos y mayor arbitrariedad en relación a los ascensos.

 

El proyecto subraya el “ingreso por concursos públicos”, cuando los mismos también se encuentran contemplados en el convenio, y existen hecho existen de hecho miles de compañeros que aún no han ingresado al Estado, a pesar de haber ganado los mismos desde el año 2013.

 

A su turno, el gobierno que prometió “regularizar la planta estatal” no realizó ni un sólo concurso en casi dos años de mandato. Lo que sí hizo fue meter por la ventana una cantidad enorme de funcionarios y ñoquis; al punto tal que la oleada anterior de despidos, de decenas de miles entre los estatales nacionales, no trajo una “reducción del gasto”: fue compensado con ñoquis PRO. Incluso se crearon cinco ministerios, 87 secretarías y 207 subsecretarías.

 

Por último, hay que destacar que el proyecto plantea implementar un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas: una política de despidos encubiertos para complementar el plan de "Dotaciones Óptimas". Es por este motivo que el gobierno exceptúa los estatales en su pretensión de la edad jubilatoria.

 

Los ataques sobre los estatales reclaman de los sindicatos respuestas contundentes; sin embargo, las direcciones burocráticas juegan para el enemigo. Andrés Rodríguez, de UPCN, está en la primera fila del acuerdo con el gobierno. Los dirigentes kirchneristas de ATE Capital proponen "unificar acciones con la CGT", como si no fuera esta la que está negociando la entrega de conquistas históricas de los trabajadores.

 

ATE nacional ha aceptado convocar a la movilización del 6, y la acompaña con un paro. Sin embargo, la propia Lista Verde (que conduce el gremio) ha colaborado con la flexibilidad de los estatales, como en el Hospital Posadas o en Mendoza.

 

Para enfrentar este y todas los ataques sobre estatales proponemos asambleas en todas las dependencias, sin distinción de afiliación, y plenarios de delegados sistemáticos, con mandato, para poner en pie un verdadero plan de lucha. Los sindicatos tienen la responsabilidad de preparar la huelga general y las ocupaciones de las dependencias donde existan despidos.

 

Paremos y movilicemos el día que la reforma laboral entre al Congreso y el 6 de diciembre, junto con el sindicalismo combativo.