La justicia hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la UTA mediante la cual la patronal debió reincorporar a los 10 despedidos y 20 suspendidos. Esto se produjo en el cuadro del paro general por 48 hs que se mantuvo durante el jueves y viernes pasados.

 

A partir de que los sancionados tomaron servicio, la línea se normalizó y el conflicto queda en el ámbito judicial al que la empresa sin duda va a apelar. Los despidos y sanciones fueron una represalia a trabajadores que, desesperados, irrumpieron en las oficinas de la cabecera Barracas, mientras su compañero David Ramallo yacía sin vida a pocos metros, aplastado por un micro que zafó de sus retenes por exclusiva culpa de la negligencia patronal en materia de seguridad.

 

Las prolongadas tratativas del conflicto en el Ministerio de Trabajo, más el hecho de que la burocracia de la UTA interviniera de manera inusual en el diferendo de una línea "rebelde", hace pensar a los delegados actuantes que otros intereses se mueven entre bambalinas. Se sabe que fuertes sectores  empresarios pujan por los subsidios estatales, por el usufructo de los recorridos y por las fábricas de automotores llamadas a renovar los parques obsoletos. La propia burocracia de UTA se alinearía tras una de esas facciones.

 

En cualquier caso, es la fuerza y organización independiente de los trabajadores la garantía de la defensa de sus conquistas y de no ser los patos de la boda en las próximas emboscadas que los patrones armen.