Sindicales

22/8/2013|1282

Los despedidos de la Caja Popular y la crisis política

Desde la llegada de Alperovich a la gobernación, la Caja Popular de Tucumán está intervenida. Desconociendo el convenio bancario, que ampara a sus trabajadores, el gobierno procedió a tomar empleados bajo las leyes laborales del menemismo, a título de contratados -algunos con régimen bancario, otros como empleados públicos-, pasantías o monotributistas. Existen más de 300 trabajadores en esta condición.


Pero, además, Alperovich viene amenazando con quitarle a los trabajadores el convenio bancario y transformarlos en empleados públicos, lo que permitiría asignarlos a otras reparticiones. Con ese vaciamiento de la Caja, iniciaría el camino de su privatización.


El año pasado Alperovich decidió arremeter contra los fondos de Garantía de la Actividad de Seguros, que se depositan en la Caja. Para ello, obtuvo una ley provincial que le permite disponer de esos fondos a voluntad, con la sola condición de canjearlos por bonos del tesoro provincial. Los trabajadores bancarios vienen oponiéndose a esta medida, lo que tuvo como respuesta decenas de despidos.


El paro dispuesto por la Asociación Bancaria en apoyo de los trabajadores despedidos ha colocado esta lucha en la consideración política nacional. Acosado por el déficit de las cuentas públicas, Alperovich busca apropiarse de los ingresos del juego y de la operatoria de seguros, que están en manos de la caja. Desde el ingreso del interventor Cortalezzi, mano derecha de Alperovich, con su patota de punteros y la cobertura de los batallones de anti motines, se contrataron a decenas de operadores políticos con salarios equivalentes a gerente general, para armar una base electoral de operaciones. El resultado del domingo 11 golpeó duramente este propósito.


Los despedidos formaron parte de la primera línea de resistencia al ataque alperovichista, defendiendo la fuente laboral y su pertenencia al convenio bancario. Con su presencia militante, son la voz que denuncia al régimen y se transformaron en el principal conflicto gremial con resonancia en el marco político provincial. Los actos públicos de la Bancaria sirvieron de tribuna para Alberto Lebbos -papá de Paulina-, la denuncia del mal uso del avión sanitario de la provincia en el caso de Morena, los atropellos a los profesionales contratados en el Pami, la situación de los jubilados provinciales y otras luchas.


El paro fue un éxito en todo el país. En Tucumán, solo la Caja Popular trabajó parcialmente, producto de un virtual estado de sitio impuesto por Alperovich.


El 28 de agosto está convocada una Marcha Nacional al Congreso con la participación de los despedidos de Tucumán, la misma debe ser una tribuna para la denuncia de todos los atropellos hacia los trabajadores y exigir la reincorporación inmediata de los despedidos, la libertad de sindicalización, la defensa del convenio bancario para los trabajadores y el rechazo a la privatización de la Caja Popular.