Un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy ha esclarecido que el artículo 6 de la ley N° 5.929 que habilita al Poder Ejecutivo a “elaborar un programa de saneamiento y reconversión productiva del Ingenio La Esperanza” solamente lo faculta “a asignar los recursos y realizar las erogaciones que insuman la implementación de proyectos productivos y de infraestructura como así también a afectar los créditos necesarios, realizando las modificaciones presupuestarias correspondientes”. Excluye, por lo tanto, la posibilidad de que el gobierno provincial disponga de cesantías entre los trabajadores del ingenio, facultad reservada al juez de la quiebra. Durante una reunión mantenida el pasado 5 de diciembre por representantes del sindicato con el juez que entiende la quiebra del ingenio, el Dr. J.P. Calderón, éste manifestó que en ningún momento solicitó desvinculación alguna de ningún trabajador del ingenio, ni tampoco avaló ni fue informado por parte del gobierno de medida en este sentido. Los despidos que de un manotazo intenta ejecutar Morales son, por lo tanto, ilegales.

Este fallo, sumado a la declaración del juez Calderón, habilita al sindicato a realizar una presentación contra los despidos promovidos desde el ejecutivo provincial. Se abre una nueva instancia de lucha por la defensa de todos los puestos de trabajo.

El gobierno pretende echar o jubilar de manera compulsiva a 400 de los mil obreros del ingenio para proceder a su reprivatización. Tras una dura batalla, los trabajadores lograron imponerle al gobierno que no habría más despidos hasta la finalización de la zafra 2017. Una vez finalizada la misma, el gobierno volvió a la carga y mandó cientos de telegramas de despidos.

El gobernador ha calificado de “delincuentes” a los obreros que defienden sus puestos de trabajo y fueron salvajemente reprimidos el pasado miércoles 20, pero él ha actuado como un patrón de estancia al servicio de los intereses del grupo Omega Energy –que ha impuesto las condiciones para la compra–, al punto de incurrir en una medida ilegal.

Cuatro de los 25 trabajadores detenidos ese día continúan privados de su libertad. Estos son los dirigentes del sindicato Juárez y Bautista, Delgado (miembro de la organización de derechos humanos Capoma) y Molina (hijo de un obrero que acompañaba el reclamo). El martes, los compañeros declararon en el Juzgado N°2 de San Pedro y, para sorpresa de todos, fueron enviados nuevamente al penal, cuando habían acordado con la fiscalía que quedarían en libertad ya que todas las causas que se les imputan son excarcelables.

Es necesario relanzar una fuerte campaña por la liberación ya de todos los detenidos y la caída de todas las causas; y una campaña contra todos los despidos ilegales del gobierno y por la defensa de todos los puestos de trabajo.

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