Los directores de las escuelas técnicas de San Martín han elaborado una propuesta para incorporar el 7º, 8º y 9º grado (Tercer ciclo de la EGB) a la escuela secundaria técnica (“escuela tipo 4” —según el esquema lanzado en su momento por el ministerio de educación) y superar, de este modo, el obstáculo que representaba su funcionamiento en edificios diferentes. Esta unificación de la gestión educativa debería superar, por sobre todo, el problema que afectaba a los directivos de primaria, que debían asumir la “responsabilidad civil” por alumnos que estaban en otros edificios.

¿Pero es esta propuesta, una salida?¿Para quién lo es?

La primera objeción es la cuestión del ‘espacio físico’. En la actualidad se registra falta de aulas, cursos superpoblados. ¿Dónde, entonces, se va a ubicar la matrícula adicional proveniente del actual 7º grado? No hay capacidad edilicia para la actual matrícula y menos aún para albergar un año más.

El problema no se agota, sin embargo, aquí. La ‘articulación’ prevé una reducción salarial, al pasar el docente a trabajar por cargo y al suprimirse las horas cátedra.

El ‘perfeccionamiento’ del magisterio es una pantalla para provocar cesantías, retirar la estabilidad al docente y cercenar derechos adquiridos. En nombre de la ‘capacitación’ se quita validez al título actual y obliga a “reconcursar periódicamente los cargos” —como lo señalan los cuadernillos distribuidos por el Ministerio de Educación—, una forma de trabajo por contrato y de precarizacion de la labor docente.

La propuesta de los directores escamotea estos temas tan cruciales.

Como contrapartida, ha surgido un planteamiento similar, pero desde los primarios. Los directores de ese nivel plantean que 8º y 9º funcionen en sus establecimientos e incluso proponen que la construcción de las aulas sea asumida por los padres a través de las cooperadoras. Es el reverso de la hecha por los directores de enseñanza media, y al reconocer el problema de la falta de espacio, revela que es impracticable. No hay financiación a cargo de los padres con desocupación y reducción salarial. La misma razón que está conduciendo al colapso de la reforma educativa —el hundimiento del plan económico— hace inviable esa salida.

Queda claro, entonces, que es necesario oponerle a la ofensiva del gobierno un programa que dé una respuesta  al conjunto de las cuestiones planteadas:

* Ningún docente en la calle. Ninguna reducción salarial.

* Respeto a la estabilidad y a los derechos adquiridos y a la validez del título.

* No al hacinamiento actual y al que sobrevendría, en forma agravada, como consecuencia del traspaso de los dos primeros años de la secundaria a la primaria o, a la inversa, del 7º grado a la secundaria. Que se aumente la capacidad edilicia.

* Triplicación del presupuesto destinado a educación.

* El perfeccionamiento y la capacitación deben hacerse en horario de clase, financiados íntegramente por el Estado, sin que el docente deba pasar por ningún ‘filtro’ o ‘concurso’ y cuyo único objetivo sea la jerarquización de la función docente y la elevación de la calidad del servicio educativo.

Los primeros pasos en la implementación de la ley han sido suficientes para poner en evidencia su contenido retrógrado.

La reforma educativa en marcha entraña una aguda descalificación de la enseñanza; el reemplazo de las materias por ‘áreas’ implica la consagración de una enseñanza ‘ligth’ o descartable; se destruye  el título técnico y la educación técnica y media, para transformarlas en centro de entrenamiento de mano de obra barata y aun gratuita (pasantías).

Esta situacion vuelve a colocar sobre el tapete “quién dirige la batuta, si los docentes o el gobierno …”.

La sangría que se está operando en la educación plantea  dejar sin efecto la reforma educativa y que la comunidad docente, académica, científica, a través de consejos electos democráticamente, asuman la salvaguarda y reorganización del sistema educativo, para colocarlo al servicio de los intereses de los trabajadores.