En medio de la crisis de los aportistas truchos a la campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Vidal apunta a reforzar su autoridad erigiéndose como la “capitana” del ajuste. 

El ataque a los docentes y la educación pública es sistemático, lo que hace que la pelea salarial se vea acompañada por una diversificación de conflictos en las distintas ramas que se cierran o se someten a reformas vaciadoras y, en particular, los avances contra el Estatuto del Docente presente en esas reformas. Vidal pretende convertirse en la “Dama de Hierro” a partir de quebrar uno de los convenios colectivos de trabajo más avanzados del país.

Una línea política de ataque, que se ha dado en sintonía con los fallos antisindicales de la Justicia, es el golpe a la organización gremial. A las amenazas de multas y sanciones a Suteba, luego de la conciliación obligatoria ilegal que dictó para tratar de impedir el no inicio de clases, se suma ahora una ofensiva contra ATE Ensenada, que será la punta de lanza para ir a un desmantelamiento del Astillero Río Santiago, lo que ha puesto en alerta a sus 3.000 trabajadores.

Los topes paritarios para imponer una pérdida de 15 puntos sobre el salario, los despidos en el Estado, esta ofensiva antisindical y contra los convenios de trabajo estatales (presentismo, etcétera), tienen su complemento en el vaciamiento de IOMA (obra social de los trabajadores estatales de la provincia, con dos millones de afiliados) y en el nuevo intento, que se vendrá, de “armonizar” las jubilaciones del IPS con el ANSES, tal cual está planteado en el memorándum suscripto con el FMI.

Tamaño ataque responde a una necesidad vital para Vidal: luego de haber abultado en un 100% la deuda pública de la provincia (mayormente en dólares y por eso expuesta a incrementos automáticos por la devaluación) y con la obligación de ejecutar un achique de gastos de 25.000 millones de pesos (por el pacto de ajuste que se expresará en el Presupuesto nacional 2019, sumado al traspaso de los subsidios a Edesur y Edenor y al transporte), el gobierno provincial lanza esta embestida contra los trabajadores como la garantía para tratar de evitar una cesación de pagos. Esto porque, además, una suspensión del esquema de reducción tributaria al capital despertaría una fuerte reacción de la gran patronal agraria e industrial.

La situación bonaerense arroja importantes conclusiones políticas. Mientras los gobernadores del PJ pactan el ajuste con el gobierno de Macri intentando que Buenos Aires y CABA carguen con la mayor parte del recorte, los intendentes bonaerenses de ese mismo partido “opositor” se han puesto a disposición de la gobernadora contra el traspaso de las empresas energéticas a la órbita provincial. Un sector de los jefes comunales peronistas ya está poniéndole precio a su apoyo al Presupuesto provincial 2019. La Legislatura volverá a ser el escenario de pactos antiobreros.

Las condiciones en que la provincia debe afrontar este ajuste son en extremo precarias. Los recientes dichos de la gobernadora contra el derecho al aborto, asegurando que los hospitales bonaerenses no están en condiciones de poner en práctica la interrupción voluntaria del embarazo son, a la vez que un apoyo a la Iglesia y al aborto clandestino, una confesión del estado crítico en que se encuentran los centros de salud. Estos no cuentan con insumos básicos, falta personal y hay falencias edilicias (la propia Vidal había reconocido que se encontraban en “estado de demolición”). 

La situación social es aún más crítica, como muestra un informe difundido por la Defensoría del Pueblo donde se refleja que el 55% de los niños del Conurbano es pobre, que el 64% padece déficit de vivienda y casi el 40% depende de los comedores escolares para alimentarse.

Los trabajadores debemos tomar nota de esta situación, que requiere de una respuesta de conjunto. La burocracia de los sindicatos estatales, en cambio, reacciona solo con medidas aisladas para “descomprimir”. El acatamiento de la conciliación por los sindicatos docentes contrasta con la masividad de la adhesión de la base al paro, y dilapida una contundente demostración de fuerza.

Es necesario un plan de lucha con acciones de conjunto y con un programa: 

Reapertura de paritarias y aumento del 30% con cláusula gatillo. 

Ningún despido, defensa del IPS y IOMA bajo gestión electa por los trabajadores, abajo las reformas antieducativas.

Defensa incondicional de los estatutos y convenios colectivos de trabajo.

Reactivación del Astillero Río Santiago, garantizando la continuidad de todos los puestos de trabajo. 

Esta intervención de la clase obrera debe ir de la mano con el desarrollo de una alternativa política propia de los trabajadores, en contraste con la supuesta “unidad” opositora con quienes cotizan su complicidad con el ajuste.