La Coordinadora de Ex Trabajadores de Gas del Estado votó en su asamblea del pasado 9 una movilización a las puertas de las empresas Metrogas y Gas Natural Fenosa, para el martes 20. La asamblea de 100 trabajadores recordó la delictiva privatización de Gas del Estado, votada con un falso quórum, facilitado con la presencia de ‘asesores' de diputados oficialistas (diputruchos). La empresa nacional de gas fue desguazada en once empresas, con participación de multinacionales (British Gas, Total) asociadas con grupos financieros locales (Pérez Companc, Techint, Macri, etc.). Para ello se organizó un proceso previo de eliminación de personal, a través de una política de extorsión. La Propiedad Participada no fue cumplida. A ello se suma el desguace de Gas del Estado que transfirió parte del personal a múltiples empresas, con diferentes realidades laborales.

 

La indemnización por la Propiedad Participada es una bandera sindical incumplida no sólo por el gobierno de Menem sino por todos los posteriores, que mantuvieron las privatizaciones de las empresas estatales. Ahora, luego de la ley de los ex trabajadores de YPF, el oficialismo reflotó un proyecto a través del chubutense País. Pero el mismo deja afuera a alrededor de 1.500 retiros “voluntarios” y a los transferidos a YPF SA, Gas Residual y otras. Tampoco comprende a los que cobraron sumas menores por las acciones de las PPP o por juicios. Finalmente, no especifica cuál es el valor de la indemnización, dejando para el futuro ministro de Economía la reglamentación de un importe que estará supeditado al ajuste que se anuncia. La Coordinadora está impulsando modificaciones a este proyecto, aprobadas en asambleas: entre ellas, que incluya a todos los que perdieron la relación laboral por la privatización, independientemente de si fue transferido a alguna de las privatizadas o no. También se define el importe a cobrar ajustándolo por índice de salarios privados y con una cláusula de ajuste por si hay devaluación (agregado de la asamblea de Comodoro Rivadavia), que hoy representa $420.000 por trabajador. Incluye a los que cobraron cifras menores por juicios o por acciones, indemnizando por la diferencia. Luego de la primera movilización al Congreso se obtuvo el apoyo de 5 diputados y Pablo López, del FIT PO, comprometió a País a una reunión para tratar el tema.

 

Los trabajadores, con 23 años de incumplimiento, decidieron movilizarse para colocar su reclamo en la calle y frente a las beneficiarias de la privatización. Es el primer acto de un plan de lucha que seguirá hasta lograr todos los reclamos.