Sindicales

3/7/2003

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Los “mediadores” favorecen a la patronal vaciadora

El gobierno de Kirchner formó una comisión para intermediar en el conflicto de Brukman. Está presidida por el secretario de Derechos Humanos, Duhalde, representantes del ministro del Interior, Beliz, y del jefe de Gobierno de la Ciudad, a los que se agrega, en carácter de mediador informal, Miguel Bonasso.


Las reuniones de esta comisión con los obreros de Brukman no han arrojado hasta el momento un saldo favorable. El planteo del gobierno nacional gira en torno a una salida judicial, que pasaría por precipitar la quiebra de la empresa. Existen sobradas pruebas – según lo manifestado por los funcionarios – del carácter fraudulento del concurso, el cual, como consecuencia de ello, estaría viciado de nulidad. La táctica consistiría en reclamar una nueva administración judicial en estos meses de transición y en ese ámbito pedir, el 4 de agosto, fecha de la convocatoria de la junta de acreedores, la declaración de quiebra de la fábrica.


Este planteamiento constituye una trampa.


Primero. El 4 de agosto es una eternidad para los trabajadores que están resistiendo y acampando estoicamente, sin salario, en las inmediaciones de la fábrica. Pero el propio 4 de agosto es una fecha incierta, pues puede haber nuevas postergaciones. La fecha original de convocatoria de la junta de acreedores era en abril y el juez, en su momento, ya dispuso otra convocatoria.


Segundo. Más allá de ese hecho, tampoco existe una garantía sobre lo que se resuelva en la mentada junta de acreedores. Es improcedente depositar la confianza en una instancia judicial de estas características, que es un campo tradicional de maniobras de la patronal y los acreedores. Nadie puede desconocer cómo se arman estas convocatorias, cómo se abultan las deudas y hasta se fabrican acreedores, si hiciera falta.


Tercero. Contra lo que dicen los funcionarios, no es necesario esperar la quiebra para proceder a la expropiación. Las leyes de expropiación, tanto la nacional y la provincial, como la específica de la Ciudad de Buenos Aires, facultan al Estado a expropiar un bien inmueble o mueble (como por ejemplo las maquinarias) cualquiera sea la condición jurídica de su propietario. La empresa sujeta a expropiación puede estar en quiebra, en concurso o en posesión perfectamente legal de sus bienes, libre de hipoteca o gravámenes sobre los mismos. Grissinópoli estaba en concurso cuando la Legislatura porteña dispuso La expropiación, y lo mismo ocurrió con la Baskonia en el ámbito de la Legislatura bonaerense. La media sanción que acaba de votar el Senado por Sasetru dispone la expropiación de bienes pertenecientes a una empresa como Molisur, que no está en quiebra y ni siquiera en concurso.


Cuarto. El argumento de que en caso de no lograrse la quiebra, una expropiación correría el serio riesgo de ser impugnada por “inconstitucional” por la patronal, carece de consistencia, pues aún con la quiebra nadie ni nada puede evitar que haya recursos de esa naturaleza motorizados por los acreedores afectados y hasta por la antigua patronal.


La salida judicial constituye una cortina de humo a través de la cual el gobierno pretende librarse de la presión obrera y popular que se desenvuelve en torno a esta lucha estratégica. Al atar el desenlace del conflicto a los avatares del concurso, el gobierno nacional y porteño pretenden desembarazarse de toda responsabilidad, transfiriéndola a otro ámbito, al margen y fuera de su órbita directa de decisión. Preparan la excusa perfecta para encogerse de hombros cuando venga la resolución que, en definitiva, adopte el juzgado que interviene en el concurso.


Salta a la vista que no existe por parte de los “mediadores” ningún interés en enfrentar a los Brukman.


El progresismo kirchnereano, al igual que el de su socio y aliado porteño, se aca ba frente al altar de la propiedad privada, aún en este caso tan alevoso de abandono y vaciamiento.


Todas estas observaciones fueron volcadas y debatidas en la reunión que una delegación del Partido Obrero mantuvimos con los trabajadores de Brukman, y cuya conclusión fue la necesidad de delimitarse de esta trampa y reforzar la lucha por la recuperación de la planta, reclamando a la Legislatura porteña la inmediata aprobación del proyecto que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico. Los compañeros de Brukman se comprometieron a tomar contacto con la dirección del Polo Obrero para consensuar con el conjunto de las organizaciones que integran la Asamblea Nacional de Trabajadores un plan de lucha para impulsar este objetivo.