Los trabajadores de recolección de residuos de Capital se encuentran realizando asambleas diarias en los lugares de trabajo, aprestándose a enfrentar despidos inminentes. Los pulpos concesionarios aducen problemas con el gobierno de Ibarra, desde retrasos en los cobros de las prestaciones a la falta de “certidumbre” sobre la continuidad de los contratos. Estos fueron renovados por un año, con una promesa de prórroga por otro.

La amenaza de despidos es el corolario natural del renovado intento patronal de sumar más cuadras al recorrido que cubre cada flotilla. Varias empresas *con la complicidad de la burocracia* ya han despedido personal “eventual” (bajo régimen de contrato o por agencias), cargando ese trabajo sobre la planta permanente.

La reacción en los lugares de trabajo (“autoconvocatorias” a asambleas) tomó por sorpresa a la burocracia. Esta consideró siempre a los recolectores de residuos de Capital su “niña mimada”. Moyano creía que la conquista en su momento del reconocimiento de la antigüedad por parte de las nuevas prestadoras para el grueso del personal que provenía de Manliba le había otorgado un reconocimiento eterno. Pero, para los trabajadores, es precisamente esto lo que hay que quebrar: la alianza de la “patria contratista” y la burocracia moyanista.

El “combativo” Moyano jamás les ha hecho un paro a los Roggio, De la Rosa y Cía. (las famosas “huelgas generales” cegetistas en este sector del gremio fueron siempre discretamente saboteadas).

El derrumbe de la obra social ha afectado por partida doble a los recolectores de residuos (por su exposición a mayores riesgos). Las masivas asambleas reclaman que si la obra social no funciona, la patronal tiene que hacerse cargo de la prestación de los servicios médicos.