El pasado lunes 29 comenzaron a llegar los casi 100 telegramas de la empresa Redepa S.A. informando el desvinculamiento, a partir del 31 de octubre, del conjunto del plantel de trabajadores de la planta de Canale en Llavallol. La notificación se funda en razones de “grave crisis económica y financiera que padece la empresa” y ocurre meses después de que los trabajadores dejaran de percibir sus salarios sin recibir información alguna por parte de la empresa.

Los trabajadores de Canale Llavallol, que vienen de mantener una fuerte presencia en la fábrica durante la jornada laboral y de impulsar distintas actividades en apoyo al conflicto, acaban de anunciar el establecimiento de una guardia permanente de las instalaciones con el propósito de evitar el desguace de la empresa y defender sus fuentes de trabajo.

Canale Llavallol se dedica a la elaboración de envases e insumos de hojalata destinados principalmente a la comercialización de productos alimenticios de la firma. Las maniobras y prácticas antiobreras le han servido a la empresa para licuar el personal de la fábrica por medio del desgaste y los retiros voluntarios -aunque un grupo mayoritario e importante de trabajadores ha resistido estas maniobras hasta el día de hoy.

El Grupo Canale viene de presentar la quiebra de su firma IAMSA en la Provincia de Mendoza, afectando a varias de las inversiones de la empresa en la zona y a sus trabajadores. Pero en la planta de Llavallol –donde comparten el paquete accionario IAMSA y Redepa-, en la que se prolongaron por meses los retrasos salariales y la asignación de tareas, nunca se presentó la quiebra, y recién ahora se mencionan “problemas económicos”.

Esta no es la primera vez que la empresa actúa de esta forma, siendo ya una práctica recurrente el adeudamiento de sumas salariales y la amenaza a los puestos de trabajo, como medio para obtener recursos por parte del Estado.

Los argumentos de la empresa son poco sólidos, si se considera que hasta hace no mucho tiempo la fábrica registraba records de producción, aumentando la intensidad del trabajo e incluso contratando personal eventual. Entre las salidas de la empresa se baraja una reestructuración integral del proceso productivo de del Grupo Canale para simplificar el mismo abaratando costos de producción y mano de obra; o directamente la sustitución de la producción por medio de importaciones.

La patronal propuso la liquidación de la maquinaria para cubrir las remuneraciones e indemnizaciones de los trabajadores. Se trata de una maniobra para desmantelar el conflicto y liquidar los activos de la empresa. Esto dejaría a los trabajadores en la calle, sin garantías de cobrar nada, mientras son muchos los trabajadores con varios años de antigüedad y con pocas posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral.

A la UOM le cabe la responsabilidad por aislar el conflicto, como parte de su política más general, que ha dejado un tendal de despidos en la industria metalúrgica ante su impávida mirada. Esta situación en el gremio, y la lucha de Canale, requiere un paro nacional metalúrgico de 48 horas con movilización y un plan de lucha por su continuidad para frenar los despidos y reabrir las paritarias.

Está planteada la ocupación de la fábrica para preservar el capital productivo y la estatización de la empresa para defender los puestos de trabajo y los ingresos de decenas de familias. Es sobre estas bases que el Estado debe garantizar la inversión necesaria para poner a funcionar la fábrica, pagar los salarios de la plantas y respetar la antigüedad y los beneficios obtenidos por los trabajadores.