En la corta gestión de tres meses al frente de Transporte del Oeste, la sindicatura ha mostrado la hilacha: el servicio sigue siendo tan deficiente y de baja calidad como antes de la quiebra; en lugar de privilegiar la incorporación de una mayor cantidad de unidades se ha priorizado el pago a los acreedores, entre ellos el Bank Boston; los arreglos de las unidades son superficiales y en algunos casos cosméticos (los micros circulan con el mismo nivel de precariedad).

Esta situación ha provocado largas esperas y las frecuentes interrupciones del servicio. El blanco de la ofuscación y de la ira de los usuarios han terminado siendo los choferes (dos de ellos estuvieron a punto de ser hospitalizados como resultado de las agresiones recibidas).

En este cuadro insostenible, la sindicatura se ha lanzado a una verdadera cruzada contra los trabajadores, de traslados arbitrarios y sanciones disciplinarias. Asistimos a una campaña intimidatoria contra los compañeros, y en particular contra el cuerpo de delegados. La jefatura de personal nombrada por los síndicos niega permisos gremiales a los delegados y les descuenta el día por actividades sindicales.

Estos síndicos son los mismos que en el pasado, bajo el concurso, hicieron la vista gorda ante el alevoso vaciamiento de los antiguos accionistas. De acuerdo a algunos trascendidos, este estudio de síndicos, especializado en “administrar” empresas en quiebra, se encuentra sometido a una causa penal por cohecho, prevaricato, defraudación e incumplimiento de obligaciones de funcionario público. Las escuchas telefónicas que respaldan las acusaciones revelan que los síndicos reclaman una abultada suma de dinero para acomodar el informe y las “recomendaciones” que debían proporcionar al juez de la quiebra.

Coincidentemente con esta ofensiva, la sindicatura viene aplazando las reuniones de la mesa de trabajo, violando el acta que se había firmado como corolario del conflicto de fines de junio. La mesa de trabajo, importa recordarlo, está integrada por representantes del cuerpo de delegados, de la empresa, de la Secretaria Nacional de Transporte, de la Provincia y de los municipios involucrados. Ese ámbito de discusión fue impuesto por los trabajadores como consecuencia de la huelga, con el propósito de evaluar la marcha del servicio y discutir las bases para una salida satisfactoria para los trabajadores. Los representantes de la Provincia, sin embargo, jamás se integraron y es un secreto a voces que están negociando con pulpos del ramo el desguace y la entrega de los pisos (permisos de explotación) de TDO.

Ante esta situación, los trabajadores de TDO han resuelto intensificar su movilización. En lo inmediato, está prevista una concentración frente al Juzgado para respaldar el pedido de que la cooperativa se haga cargo de la administración de la empresa. Hay un apoyo invalorable de sectores de usuarios, que han comenzado una campaña de denuncias contra la patronal.