El conflicto de Transporte del Oeste ha entrado en una etapa de definiciones. La decisión de la sindicatura de pagar en forma fraccionada el sueldo correspondiente a febrero (40% estos días y el saldo restante con un cronograma de pagos que culmina el mes entrante) fue el detonante para que los trabajadores de TDO comenzaran con medidas de fuerza. Los compañeros son conscientes de que, de esta forma, se vuelve a la misma situación que en mayo del año pasado desató la huelga que paralizó la línea durante dos semanas. El atraso actual más el de los aguinaldos y algunas vacaciones equivalen a un mes de sueldo sin cobrar (y esto es sólo el comienzo). Volvemos al período Russo (presidente del directorio de la empresa hasta que se declaró la quiebra), inclusive en forma agravada.

Una combativa asamblea general de la línea, que congregó a doscientos compañeros, resolvió paralizar la línea el viernes 5 pasado, y marchar al juzgado. El programa aprobado rechaza el cronograma de pagos y reclama el pago al día de los salarios; se opone al recurso de crisis presentado por la sindicatura ante el Ministerio de Trabajo, y defiende la totalidad de los puestos de trabajo.

El paro fue un verdadero éxito. Los delegados, acompañados por los activistas, se encargaron de cortar el servicio a las 8 de la mañana, en cada una de las cabeceras, y vencer la campaña intimidatoria montada por la sindicatura, incluida la acción de alcahuetes y carneros apañados por la empresa. La provocación incluyó, el día previo al paro, la rotura de los parabrisas de una serie de colectivos, que pretendió sembrar la confusión en las filas del personal, atribuyéndole la responsabilidad por dichos actos al cuerpo de delegados. La campaña patronal y, agreguemos, de la UTA, fracasó. El viernes 5, el paro fue total. Los trabajadores provenientes de las distintas cabeceras confluyeron en Morón y desde allí marcharon al juzgado a cargo del juez Castillo, a cargo de la quiebra de TDO. Por supuesto, el hecho no pasó desapercibido. Los medios de prensa tanto nacionales como locales cubrieron la noticia y el juzgado fue estremecido por la presencia de los manifestantes.

La entrevista puso de relieve la connivencia del juez con la sindicatura. Las denuncias presentadas con lujo de detalles por los delegados sobre el deterioro de la línea, y sobre el manejo de los recursos y subsidios (que han sido literalmente tragados por la sindicatura sin que provocaran una mejora del servicio) fueron olímpicamente ignoradas. El juez descalificó la presentación hecha meses atrás por los trabajadores para que la cooperativa se hiciera cargo de la línea en el marco de la Ley de Quiebras (artículo 190 de la legislación vigente), ratificó a la sindicatura y, quizás lo más importante, anunció que “los días de TDO estaban contados”, que “la situación no se podía estirar mucho más”. La perspectiva -según palabras del juez- sería “licitar en pocos meses la línea”. El plan del juez y, agreguemos, de los síndicos que, como se comprobó en la entrevista, actuán en yunta, es transferir los codiciados “pisos” (permisos para explotar los recorridos) de TDO, lo más valioso de la compañía. Los apetitos de la sindicatura y el juez chocan, sin embargo, con las ambiciones de otros grupos capitalistas que quieren apropiarse de la línea, soslayando a sus actuales administradores y sus pretensiones en el reparto del botín.

Ante este cuadro, los trabajadores de TDO han decidido un micrazo a Plaza de Mayo. En la asamblea general que tuvo lugar a la salida de la entrevista mantenida con el juez, los compañeros resolvieron exigir una entrevista al propio Presidente. Se va a exigir que el Poder Ejecutivo Nacional ponga la plata que hace falta para que Transporte del Oeste siga funcionando y que esos recursos estén bajo el control conjunto del Estado y los trabajadores, mientras se avanza hacia una solución definitiva a la crisis de la línea.