Ivana  Muzzolón, directora de la primaria n° 34 de Luján y delegada de la gremial docente Suteba, fue separada el pasado 11 de julio de su cargo, violentando todos los procedimientos estatutarios y de la legislación laboral.

 

Ivana –quien fue recientemente candidata a Secretaria General de Suteba Luján por la combativa lista Multicolor– ha tenido la tarea reorganizar y ampliar dicha escuela que se encontraba en franco deterioro, logrando durante su gestión la duplicación de la matrícula. A su vez, participó junto a miles de docentes de la lucha contra el antieducativo Operativo Aprender –lo que, como señaló en conferencia de prensa, la dejó “marcada ante las autoridades”.

 

La separación, presentada originariamente por la jefatura de inspección como una medida preventiva de defensa de la docente, pasó a ser una medida de desplazamiento por “falta grave”. Las autoridades han planteado ahora la iniciación de una investigación de todo el accionar de Ivana como directora –criticando el haber realizado una asamblea el 29 de marzo, en ocasión del paro docente por las paritarias– y han colocado por escrito que iniciarán acciones para quitarle la tutela sindical.

 

El gobierno de Cambiemos, del intendente Oscar Luciani, sigue un libreto de persecución que se extiende a otros puntos del país: en Tierra del Fuego, la gobernadora del PJ Rosana Bertone desaforó dirigentes sindicales para imponer el ataque a las jubilaciones y a los sueldos de los trabajadores.

 

Luego de la separación, los docentes, padres y organizaciones sociales han salido de forma inmediata en defensa de Ivana y de su accionar.

 

Por su parte, la conducción de Suteba ha presentado la cuestión ante Negociaciones Colectivas, obteniendo que se restituya a Ivana a su escuela pero como “auxiliar de biblioteca”, mientras continúa la investigación. No basta con esto. Suteba tiene que convocar un inmediato paro provincial por el cese de la persecución a Ivana, su inmediata restitución en el cargo de directora y la anulación de las sanciones e investigaciones. Debe constituirse en acusador del gobierno-patrón, de la jefa de inspectores (que es designada por el gobierno) y de las inspectoras que han vulnerado toda la legislación vigente en el Estatuto del Docente –que consagra los derechos de organización e intervención sindical y política de los docentes– y de toda la legislación laboral y constitucional que protege a los trabajadores, a los delegados  y a sus derechos.

 

La lucha por el restablecimiento de Ivana en su cargo y la defensa de su papel como delegada es la defensa del derecho de huelga, de la sindicalización y de las herramientas con las que contamos los docentes para enfrentar el ajuste y el ataque a la escuela pública en el que están empeñados Macri y los gobiernos provinciales y locales.